ANTAI sanciona a 29 servidores públicos de la UNACHI
Cabe recordar que el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó recientemente a veintinueve (29) servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
La investigación fue iniciada de oficio a finales del año 2024, tras la difusión de diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos casos de nepotismo en dicha casa de estudios superiores. En el marco de este proceso, la ANTAI llevó a cabo una revisión exhaustiva de la situación administrativa y laboral de ochenta y seis (86) servidores públicos de la UNACHI.
Cabe recordar que el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Asimismo, establece la prohibición de que servidores públicos laboren junto a familiares dentro de una misma unidad administrativa o en unidades que mantengan entre sí relaciones de control, supervisión o fiscalización.
Como resultado de una investigación rigurosa, desarrollada con estricto apego al debido proceso, esta Autoridad recomendó la destitución de quince (15) servidores públicos de distintos niveles jerárquicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Adicionalmente, se impuso una sanción económica equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario mensual a doce (12) servidores públicos, así como una sanción del diez por ciento (10%) del salario mensual a dos (2) servidoras públicas, todas vinculadas a prácticas de nepotismo.
De igual forma, que la ANTAI mantiene actualmente abiertas alrededor de cuarenta (40) investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
La ANTAI envía un mensaje claro y contundente al país: no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública. Todo funcionario que incumpla la normativa vigente será sancionado conforme a la ley, sin excepciones, garantizando una gestión pública íntegra, transparente y orientada exclusivamente al interés nacional.