Autoridades comarcales emplazan al Gobierno para que les den respuesta

Unos 12 caciques de diferentes comarcas y regiones del país, se reunieron por dos días, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, para analizar temas sensitivos de seguridad en esas áreas.

También abogan por la búsqueda de soluciones a través del diálogo con las autoridades para prevenir posibles enfrentamientos. Por otro lado,  pidieron la liberación de ocho detenidos, según ellos acusado de delitos que no han cometido.

Las autoridades tradicionales de las comarcas aprovecharon la convocatoria de la dirigencia originaria para hacer varias denuncias, entre ellas la reciente quema de ranchos por parte de unidades del Servicio Nacional de Fronteras [Senafront] usados según ellos, para sus cultos religiosos.

Indicaron que los ranchos quemados eran de uso específicos de la religión en el que siempre asisten personas como invitados; en este caso originarios que viven en la parte cerca entre Panamá y Colombia.

Sostuvieron que sus hermanos originarios están frecuentes contactos con ellos y que jamás habían tenido problemas, no hasta ahora que  fueron agredidos y acusados de "coyotes" por unidades del SENAFRONT.

En tanto, la también cacique Aulina Ismare de Opua, dijo que ellos como autoridades comarcales están solicitando a las autoridades nacionales que pongan en libertad inmediata de sus compañeros originarios detenidos de delitos que no han cometido, además son personas que no saben defenderse de los terribles señalamientos.

Señalan de acusaciones infundadas de ser coyotes y migrantes, cuando siempre han estado en contacto con ellos por el tema religiocidad.

Luciano Díaz, cacique en la región de Tacargunyala  dijo también que piden con urgencia el diálogo con los ministros de Seguridad y de Gobierno, al igual que otras instituciones como MiAmbiente y PRONAT, para atender temas que tienen a la población originaria a punto de estallar.

  Finalmente las máximas autoridades tradicionales comarcales, terminaron con un comunicado en el que dan un plazo de ocho días a  las autoridades, a partir de la fecha, para el diálogo y la liberación de sus compañeros detenidos tras un operativo del Senafront y que están en las diversas cárceles de la capital panameña.