Camacho denuncia a procuradora Kenia Porcell

El dirigente político del partido Cambio Democrático (CD), Luis Eduardo Camacho, a título personal, presentó hoy, lunes una denuncia contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell por actos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas ante la Procuraduría de la Administración y Corte Suprema de Justicia Camacho, en companía de los abogados Alejandro Pérez y Roniel Ortiz, acusa a la procuradora Porcell de infringir el Título X, Capítulo VI del Código Penal, que señala los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, y contempla penas de uno a dos años de cárcel.Explicó el vocero del partido de oposición que dentro de la denuncia pedirá al procurador de la administración, Rigoberto González investigar a Porcell por extralimitarse y abusar de su poder al emitir juicios dentro en el proceso que instruye la Fiscalía Tercera Anticorrupción en contra del exministro de Seguridad José Raúl Mulino. “Como jefa del Ministerio Público, no puede intervenir en el desarrollo de las investigaciones que realizan las fiscalía, pero ella, al emitir juicios contrarios a la decisión del Órgano Judicial, lanzó la línea a la fiscalía para proceder”, reveló Camacho. Según Camacho, la procuradora Porcell, una vez el juez Enrique Paniza dictara la nulidad parcial del proceso y la medida cautelar a favor de Mulino, ha emitido apreciaciones y juicios sobre el caso, prohibidos por normas y leyes a los funcionarios del Ministerio Público. “Ella no puede censurar ni aplaudir las actuaciones de jueces y magistrados del Órgano Judicial”. “Ella ha estado interviniendo en todo momento en las investigaciones que se adelantan contra funcionarios del pasado gobierno”, advirtió Camacho. Los artículos 355 y 356 del Código Penal son claros en señalar que el servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.