El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) logró que la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. (ahora CNO, S.A.), fuera condenada a pagar 29,100,000.00 dólares por concepto de lucro cesante y 1,661,730.31 dólares por daños y perjuicios. En total, el laudo arbitral dictamina un reconocimiento económico de 30,761,730.31 dólares a favor de AITSA.
Este fallo representa un hito en la disputa que comenzó en septiembre de 2021, cuando AITSA decidió rescindir el contrato N°038/12 con Odebrecht por incumplimientos graves en la ejecución del programa de expansión de la Terminal 2. La obra, que debía ser entregada a finales de 2017, sufrió múltiples retrasos debido a ocho adendas y persistentes incumplimientos por parte del contratista, lo que forzó a AITSA, una empresa 100% estatal, a asumir gastos extraordinarios y a dejar de percibir ingresos por los espacios ya contratados.
“La protección de los intereses del Estado panameño y de su población fue nuestra prioridad. Tocumen cumplió con su deber de poner en valor y en total funcionamiento una terminal que presentaba atrasos sustanciales, incumplimientos reiterados y defectos de construcción”, declaró AITSA en un comunicado oficial.
Según datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se está a la espera de un informe técnico por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que evaluará la magnitud de los hundimientos en la plataforma de estacionamiento de aeronaves en la nueva Terminal 2. Estos problemas han afectado la operatividad de seis de las 20 puertas de embarque y desembarque de pasajeros. Las reparaciones necesarias para esta área, crucial para las operaciones del principal terminal aéreo del país, podrían superar los 15 millones de dólares, según estudios preliminares.
La Terminal 2 (T2) de Tocumen, que fue adjudicada a Odebrecht en 2012 y cuya construcción comenzó en 2013 por un monto inicial de 679 millones de dólares, terminó superando los 900 millones de dólares en inversión oficial. Este fallo no solo reivindica a AITSA, sino que también establece un precedente crucial en la defensa de los intereses nacionales frente a incumplimientos de empresas internacionales.
