Contraloría presenta denuncia penal por posibles irregularidades de Panama Ports
De acuerdo con el comunicado divulgado este 18 de noviembre, la acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023.
La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por posibles irregularidades detectadas en una auditoría relacionada con el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).
La denuncia fue presentada el 17 de noviembre, a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal.
De acuerdo con el comunicado divulgado este 18 de noviembre, la acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.
Los posibles hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como con sus respectivas adendas.
La auditoría abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Entre los aspectos evaluados estuvieron las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.
Según la Contraloría, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Por esta razón, la institución puso a disposición del Ministerio Público la información y documentación correspondiente.
La entidad también recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes aquellos hechos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan revestir características de delito.
Ahora corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales y quiénes serían los posibles responsables.
La Contraloría indicó que continuará ejerciendo su función fiscalizadora y remitirá a las autoridades competentes cualquier hallazgo o posible irregularidad que pueda representar una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.