Designan al nuevo Procurador de la Administración
González Montenegro es Doctor en Derecho por la Universidad Santa María La Antigua y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Posee título en Docencia Superior por la Universidad de Panamá. Se graduó de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá en 1983.
Redacción Web Día a Día
Rigoberto González Montenegro tomó posesión hoy como nuevo Procurador de la Administración para el periodo 2015-2025 ante la presencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez.
El nuevo procurador de la administración señaló durante su toma de posesión que velará por los intereses del pueblo y llegará a su cargo a trabajar.
González Montenegro es Doctor en Derecho por la Universidad Santa María La Antigua y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Posee título en Docencia Superior por la Universidad de Panamá. Se graduó de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá en 1983.
Es profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Santa María La Antigua y fue docente por más de 20 años en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Laboró por más de 20 años en el Ministerio Público ocupando diversos cargos.
En los últimos 30 años ha publicado varias obras, entre ellas: Democracia: un concepto dinámico, Los desafíos de la justicia constitucional panameña, Curso de Derecho Procesal Constitucional 3ra Edición, Escritos de la Justicia Constitucional y Teoría del poder constituyente.
González Montenegro es miembro de la Academia Panameña de Derecho y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
La Procuraduría de la Administración es una institución que, mediante una gestión de calidad desarrollada dentro del marco constitucional y legal, defiende los intereses del Estado y de los municipios; promueve la legalidad, la competencia y la ética en las actuaciones de los servidores públicos; brinda orientación ciudadana y contribuye a formar una cultura de paz a través de la mediación comunitaria, para fortalecer el Estado democrático de Derecho.