Detectan irregularidades en utilización de espacios públicos en Arraiján
La información suministrada por la Alcaldía de Arraiján advierte que, con respecto a los locales en servidumbre pública, no existe obligación de indemnización por parte del municipio.
En el transcurso del proceso de ordenamiento y recuperación de espacios públicos que lleva a cabo la Alcaldía de Arraiján en la denominada 'rotonda' situada en Arraiján cabecera, se han identificado serias irregularidades en la utilización de dichos espacios públicos.
Así lo confirmó la alcaldía de este distrito a través de su cuenta de Instagram.
Las irregularidades fueron detectadas durante evaluaciones técnicas, administrativas y legales realizadas entre los comerciantes ubicados en esta zona.
Una de las transgresiones detectadas es el subarrendamiento ilegal de locales en áreas de servidumbre pública, donde se cobraban montos que oscilaban entre 300 y 700 dólares mensuales. Para ello se utilizaba un solo aviso de operación para múltiples actividades comerciales, como barberías, salones de belleza y reparación y venta de celulares.
Estas prácticas, indica la alcaldía de Arraiján, constituyen un uso indebido de bienes públicos.
Otro de los hallazgos es la existencia de contribuyentes que mantienen deudas con la Alcaldía superiores a los 5,000 dólares, correspondientes a negocios que fueron cerrados pero que continúan operando bajo otros avisos de operación, pese a tratarse de la misma persona.
Sumado a ello, se detectó la existencia de múltiples avisos de operación emitidos por el Ministerio de Comercio e Industrias sin la debida inscripción municipal, lo que representa una evasión de las obligaciones tributarias locales, incluso en actividades como consultorios jurídicos.
La información suministrada por la Alcaldía de Arraiján advierte que, con respecto a los locales en servidumbre pública, no existe obligación de indemnización por parte del municipio.
Enfatiza la información de la alcaldía de que las actuaciones realizadas han sido con estricto apego a la Constitución, las leyes nacionales, el Código Administrativo y los decretos alcaldicios vigentes.
Con respecto a los comerciantes que aceptaron desalojar de modo voluntario, serán priorizados dentro del proyecto de transformación de esta zona, cuya primera etapa contempla una inversión inicial de 300 mil dólares.