Docentes rechazan retorno a aulas en Panamá por falta de garantías sanitarias
El Gobierno de Panamá cerró las escuelas en marzo de 2020, menos de dos semanas después del inicio del curso escolar, que va desde ese mes hasta diciembre, debido al estallido de la pandemia del covid-19.
Gremios de maestros del sector público de Panamá rechazaron este martes la orden del Gobierno de incorporarse a clases semipresenciales con el argumento de que las escuelas carecen de lo necesario para garantizar la bioseguridad en medio de la pandemia de covid-19.
Más de 200 docentes del sector público procedentes de varias regiones del país se concentraron ante la sede del Ministerio de Educación (Meduca) para denunciar que hay escuelas que no tienen energía eléctrica, otras carecen de internet y que muchas tienen problemas estructurales.
El Gobierno de Panamá cerró las escuelas en marzo de 2020, menos de dos semanas después del inicio del curso escolar, que va desde ese mes hasta diciembre, debido al estallido de la pandemia del covid-19.
Desde entonces, y tras una suspensión total en el sector público de varios meses para la adecuación de plataformas, las clases se han impartido a distancia, con el uso de internet donde existe el servicio.
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo en marzo pasado que Panamá era el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, tras el cierre de las escuelas en marzo de 2020.
De acuerdo con los datos oficiales ahora, cuando faltan días para que termine el segundo de los tres trimestres del año escolar, hay 455 escuelas, de las más de 3.900 que tiene el país, que imparten clases semipresenciales, una modalidad que en el sector público arrancó el 31 de mayo pasado.
En ese contexto, el Meduca ordenó la semana pasada que los maestros comenzaran a coordinar su regreso a las escuelas para que en el tercer trimestre más centros educativos impartan clases semipresenciales. Argumentó que 800 escuelas lo han solicitado así.
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El secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, dijo a Efe que la comunidad educativa, conformada por docentes y padres, "quiere ver los informes finales y quiénes firman esos informes certificando" que hay 800 escuelas pidiendo clases semipresenciales porque cumplen con todas las medidas de bioseguridad.
"¿Quién se va a hacer responsable? (...) nos quieren enviar a la semipresencialidad sin las adecuadas condiciones de los centros educativos", expresó Ábrego, que detalló que según un informe de "finales de enero de este año habían 804 escuelas sin energía eléctrica, 1.450 sin internet y estaban paralizados 201 proyectos" de adecuación de sus estructuras.
Si la educación a distancia no ha funcionado, como han alertado expertos y los propios estudiantes, "el Meduca tiene mucha responsabilidad porque no ha permitido desarrollarla", por la ausencia de herramientas para la gran mayoría de los más de 800.000 estudiantes que tiene el país, añadió el dirigente gremial.
El tema de la educación presencial divide a la sociedad panameña. Hay grupo de padres exige el regreso a las aulas y acusa a los maestros del sector público de perezosos y aprovechados, pues nunca han dejado de recibir su salario en medio la crisis,como sí le ha pasado a muchas familias, y fueron de los primeros en ser vacunados contra el covid-19.
Otro grupo de padres endosa los temores de los dirigentes magisteriales y se niega a enviar a sus hijos a la escuela. Es así que hay escuelas en las que un grupo muy reducido de niños acuden a clases semipresenciales y la gran mayoría permanecen en sus casas recibiendo educación virtual.
El líder estudiantil Kevin Barbato, afirmó este martes en una entrevista con la cadena local TVN que "el retorno" a las aulas es una necesidad porque ha "perdido demasiado tiempo".
"Ojalá nos atendiera (el Meduca) para llegar a soluciones concretas y verdaderas para que la comunidad educativa quede tranquila y podamos de manera progresiva ir hacia la semipresencialidad, pero garantizando las condiciones que establece los instrumentos legales que ellos mismos han hecho (sobre la bioseguridad). Ya basta de improvisación", afirmó Ábrego a Efe.