María del Pilar pierde asilo en Panamá tras último fallo

Panamá/EFEEl Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá rechazó hoy aclarar su sentencia que declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010 en el país a la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado.Con esa decisión de la CSJ, Hurtado, que se encuentra en paradero desconocido y que es reclamada por la Justicia de su país, quedaría sin las protecciones que le garantizaba el estatus de asilada, situación que se había aplazado cuando la fiscal general panameña, Ana Isabel Belfon, pidió a la Corte que aclarara su decisión de inconstitucionalidad."El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano las aclaraciones de sentencia presentadas por la procuradora general de la Nación (fiscal), Ana Isabel Belfon Vejas, y el abogado Raúl Olmos en representación de María del Pilar Hurtado A", indica el comunicado emitido por el máximo tribunal.Para que sea efectiva esta decisión, las partes deberán todavía ser comunicadas formalmente de ella.Belfón explicó, tras solicitar la explicación de la sentencia de inconstitucionalidad, que no quería equivocarse y que por eso pidió una aclaración del fallo de la CSJ, para no ser sancionada al adoptar las medidas que le corresponderían a ella ordenar, como el arresto de Hurtado, para hacer efectiva la disposición de la Corte.La CSJ declaró en mayo pasado la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se concedió el asilo a Hurtado.Hurtado está imputada en un caso de escuchas ilegales en su país durante el Gobierno del expresidente colombiano lvaro Uribe (2002-2010).Los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega presentaron en mayo de 2011 el recurso de inconstitucionalidad contra el asilo otorgado a Hurtado, jefa del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana) entre 2007 y 2009, por considerar que ella no era una perseguida política sino una delincuente común.Hurtado debe responder ante la Justicia colombiana por varios delitos que se le imputan por su supuesta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Uribe.