No le pudieron imputar cargos a Ovidio Fuentes, aún es funcionario de la Diasp
La investigación se inició por la supuesta irregularidad en la importación y compras de armas bajo la complicidad de la Diasp y algunos funcionarios.
Por falta de competencia del Tribunal de Garantías del Primer Distrito Judicial de Panamá, no se dio el completo desarrollo de la audiencia contra Ovidio Fuentes Concepción, director nacional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).
En la audiencia se abordaría la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar por los supuestos delitos contra la seguridad colectiva (tráfico de armas y explosivos, contra la fe pública (falsificación de documentos).
La fiscal Paula Garcés, actuando en nombre del fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, solicitó a la juez de garantías, Vilma Palacios, la legalización de la aprehensión para Fuentes, la cual se había dado el pasado viernes 5 de octubre de 2018 en dicha fiscalía. A eso de las 3:45 p.m.
Sin embargo, el representante particular de Fuentes, Osvaldo Atencio, dejó claro que su cliente no fue capturado ni aprehendido, ya que de manera voluntaria se había presentado ante la fiscalía. Cuando se le informó a través de la Resolución #21 de 2018 del 1 de octubre, la solicitud de aprehensión en su contra.
Adelantó que ya se había girado otra Resolución, la #20 de septiembre 2018, pero que posterior a dicho documento, el 26 de septiembre se dejó sin efecto la solicitud de aprehensión.
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Recalcó que por ser director nacional de la Diasp le compete a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizar cualquier tipo de investigación y no al Tribunal de Garantías.
Ante esto, la fiscalía sustentó que el propio ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, en entrevistas dadas a algunos medios de comunicación se refería a exfuncionarios de la Diasp, entre esos Fuentes.
La juez de garantías, cuestionó a la fiscalía del por qué se había girado una orden de aprehensión sin antes verificar el estatus laboral de Fuentes, para garantizar si el tribunal debía tener la competencia en la investigación o correspondería a la Sala Penal.
Fuentes recalcó que se encuentra en un período de vacaciones y que aún funge como director de la Diasp. Devenga un salario mensual de $5 mil 300 como comisionado jubilado de la Policía Nacional (PN) y $4 mil como director de la Diasp.
Explicó que el jueves 27 de septiembre de 2018 las había solicitado de manera verbal a Recursos Humanos y el viernes 28 luego de presentar todo la documentación se les fueron aprobadas.
Garcés insistía en que ya no era el director de la Diasp, incluso mencionó a Máximo Ruiz, como la persona designada en dicho cargo.
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La jueza de garantías, Vilma Palacios, fue clara al reiterar que el tribunal desconocía el estatus de Fuentes en ese momento, y era necesario saberlo antes de entrar a usurpar la labor de la Sala Penal.
La investigación inicio el pasado 7 de abril cuando fue imputada la primera persona, el término para concluir dicha pesquisa está por terminar, por lo que la fiscalía solicitaría una ampliación del plazo para investigar.
Hay nueve personas vinculadas en el procesoEsta audiencia se realizará el próximo martes 9 de octubre de 2018 a las 8:30 a.m.
La fiscalía no pudo sustentar si aún Fuentes era el director de la Diasp o no, por lo que Palacios les pidió que aclararan el estado laboral para determinar la competencia.
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Decretó un receso de 30 minutos hasta las 10:15 a.m. para que la fiscalía pudiera presentar la documentación que certificara si Fuentes había sido destituido de su cargo o se mantenía en el período de vacaciones.
Al retornar de la audiencia, Fuentes salió del estrado por sus propios medios, ya que la fiscalía no pudo determinar que él no está gozando de sus vacaciones y que fue destituido. No se le formularon cargos por dichos señalamientos en la investigación por el supueso delito de tráfico de armas y explosivos o falsificación de documentos.