Proyectos inconclusos, paneles solares abandonados, líneas eléctricas que solo beneficiaban a dos personas y falsas promesas a comunidades en zonas de difícil acceso que nunca se cumplieron fueron algunas de las irregularidades heredadas a la nueva administración de la Oficina de Electrificación Rural (OER), que contribuyeron a que más de 100 mil casas carezcan de este servicio en el país. Dichas anomalías ya están siendo subsanadas por la OER.
Al tomar posesión del cargo, Antonio Clement, director general de la OER, detectó una serie de anomalías que considera ponen en evidencia la falta de planificación y conocimiento del Gobierno anterior, pues aprobaron la ejecución de proyectos que atentaban contra la vida silvestre, lugares declarados patrimonios de la humanidad y cuyo beneficio se limitaba a un número reducido de personas.
Además, se encontró una gran cantidad de paneles solares abandonados en contenedores y vehículos en mal estado que se han ido reparando para atender de cerca las necesidades de las poblaciones vulnerables.
"Todo es como una desidia; los paneles se estaban dañando, pero logramos salvar un grupito", señaló.
Mencionó que lo que más llamó su atención en estos hallazgos fue que dichas obras, pese a incumplir con las exigencias de los organismos internacionales para su realización, ya estaban refrendadas por Contraloría; no obstante, fueron suspendidas hasta corroborar su viabilidad, ya que no todas las áreas del país son propicias para la instalación de líneas eléctricas como se tenía contemplado.
"Algunos de estos proyectos ya habían empezado, así que no los podemos frenar porque ya han creado una expectativa en la población, pero nos estamos dedicando a hacer un balance del número exacto de personas que se necesita para poner una línea eléctrica con base en los requerimientos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo); los que no habían comenzado se detuvieron", dijo.
Detalló que la entidad bancaria sostiene que para establecer una línea eléctrica se necesitan 7 residencias por kilómetro como mínimo; además, el área debe contar con carreteras y servidumbres; de lo contrario, se instalarán sistemas de energía solar o fotovoltaicos.
La OER, en ese sentido, ha iniciado un proceso de verificación de zonas a las que aún no llega el suministro eléctrico para que la solución se ajuste a sus características, facilitando el trabajo y cumplimiento de los contratistas, ya que la falta de servidumbre ocasiona el abandono de proyectos debido a que su recuperación conlleva un proceso legal extenso en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras e incluso la Corte; por ello, se aconseja a los ciudadanos respetar los espacios comunes.
"Respeten la servidumbre, no podemos poner cables eléctricos donde hay caminitos", subrayó Clement.
El director indicó que, para agilizar los proyectos y garantizar mayor transparencia en el uso del fondo de electrificación rural que proviene de las ganancias de las empresas dedicadas al sector energético, se aprobó que las mismas sean las encargadas de su ejecución, reduciendo la burocracia estatal que conlleva la solicitud de recursos.
El dinero que anteriormente era entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para depositarlo en la cuenta única del Tesoro se traduce actualmente en obras como Mi Primera Luminaria, cuyo objetivo es llevar energía eléctrica a escuelas en donde también se escogen a 5 estudiantes que vivan en condiciones vulnerables para replicar el programa en sus hogares.
Más de 120 escuelas y 5 mil personas se han beneficiado, hasta la fecha, de las obras de la OER y se espera que para el próximo año la cifra aumente y se reduzca la cantidad de familias sin luz eléctrica en el país.
