Operador hongkonés desacredita fallo judicial que lo saca de puertos en el Canal de Panamá
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y que durante la transición ambas terminales será operadas por APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).
La compañía Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, afirmó que el fallo judicial que le quita la operación de dos puertos situados en torno al Canal de Panamá - epicentro de una crisis con EE.UU. - "carece de fundamento jurídico", y que no descarta activar "procedimientos legales e internacionales" ante esta decisión. "Si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas", indicó la empresa en un comunicado. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró a última hora del jueves "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la filial de CK Hutchison, cuya presencia en los puertos cercanos al Canal fue la base de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática. El máximo tribunal respondió así a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato de concesión, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la Nación. Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos. Hay cinco puertos en torno al Canal. El de Balboa es el segundo con mayor movimiento de contenedores, 2,67 millones en el 2025, mientras que el de Cristóbal es el quinto con 1,1 millones. El fallo judicial "carece de fundamento jurídico" y "es diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC", indicó en un comunicado la empresa, que se dijo víctima de una "campaña" que la ha afectado a ella y sus inversionistas. "Durante 28 años de operación, PPC y su inversionista, han invertido más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país", argumentó la empresa de origen chino. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y que durante la transición ambas terminales será operadas por APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos). "Hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un período de continuidad del actual operador sin ningún cambio. Después comienza un período de transición que se culmina con una nueva concesión", afirmó Mulino en un mensaje a la Nación. El presidente panameño garantizó a los clientes y proveedores de los puertos de Balboa y Cristóbal "la continuidad de los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada", y a los trabajadores "que no se producirán despidos". "Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin alteración, y continuaremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos", concluyó. Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal por la presencia CK Hutchison, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en 2025 con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años. Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que "es y seguirá siendo panameña", en palabras de Mulino.