Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo han tenido un pésimo manejo de la actual crisis que atraviesa Panamá, al menos así lo plantean dirigentes y voceros de diversos sectores.
La administración Cortizo-Carrizo enfrenta un segundo estallido social en los últimos dos años, estas situaciones ponen en evidencia la deficiencia del equipo gubernamental para entablar puentes que apacigüen los ánimos de los manifestantes.
El mandatario Laurentino Cortizo desde que se inició la ola de protestas y cierres de calles ha dado tres mensajes a la Nación, pero en ninguno de ellos convocó a los sectores que protestan a sentarse a buscar una salida al conflicto.
En el primer mensaje, el mandatario se limitó a enumerar los beneficios que traería la Ley 406 que impulsa el proyecto minero, dejando claro que la decisión que se tomó fue la correcta.
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En su segunda intervención, donde ya habían arreciado las acciones de fuerza en las calles, el gobernante habló sobre el aumento salarial a los jubilados y pensionados que ganan menos de 350 dólares y una prohibición de otorgar nuevos contratos mineros.
En su tercera salida ante los medios, el 29 de octubre pasado, el mandatario Cortizo dijo que convocaría a una consulta ciudadana para definir el tema.
En ese tercer mensaje quedó demostrado que en medio de la crisis el Gobierno no tenía coordinación alguna con las demás instituciones que involucraría un referendo, ya que de inmediato los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá plantearon que no había ambiente ni condiciones para un evento de este tipo.
Días después, la administración Cortizo-Carrizo desistió de la propuesta de una consulta ciudadana y solo mantuvo el proyecto que establecía una moratoria minera.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario no se ha dirigido a la población panameña, con la cual la crisis se mantiene.
Esta situación ha generado pérdidas millonarias en el sector empresarial que incluye comercios, turismo, productores, transporte, etc. Sumado a ello, se ha perdido tras semanas de clases y se mantiene la medida de paralización.
Frente a lo que está pasando, el abogado y analista Jaime Porcell, indicó que se está ante una situación donde la autoridad ha perdido su capacidad de persuadir y convencer.
