Realizan audiencia preliminar a Alejandro Garuz y Gustavo Pérez

 Los exjefes del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos en prisión desde enero pasado, fueron trasladados hoy 17 de agosto,  al tribunal donde se celebrará una audiencia preliminar por un escándalo de presuntas escuchas ilegales. Garuz y Pérez llegaron al edificio de tribunales rodeados de fuertes medidas de seguridad, mientras el perímetro ha sido rodeado por decenas de policías, un equipo de artificieros y perros rastreadores de explosivos como medida de precaución. Un tribunal panameño iniciará el primer proceso contra funcionarios por las supuestas escuchas ilegales a unas 150 personas, periodistas y dirigentes políticos. El juez Enrique Pérez fijó para los próximos días 17, 18, 19 y 20 la audiencia preliminar por el caso de las escuchas ilegales, que implica a Garuz, Pérez. El órgano Judicial explicó el viernes que la sesión judicial será a puertas cerradas para preservar la dignidad y los derechos de las víctimas que vieron vulnerada su intimidad con la serie de interceptaciones electrónicas de comunicaciones por teléfono, internet y redes sociales. Pérez y Garúz, fueron revisados el viernes pasado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), como parte del protocolo para confirmar que se encuentran bien de salud para acudir a la audiencia preliminar, dijo, por su parte, una fuente del Ministerio Público. Por su parte el órgano Judicial será el único que canalizará a través de su Secretaría de Comunicación "toda información relacionada" al proceso, los periodistas no podran ingresar a la audiencia de puertas cerradas. Cabe destacar que la abogada de  Pérez, Holanda Polo, señaló que este juicio se realiza con lo que ella considera "pruebas débiles en contra de su cliente"...  Según Polo, solo existe un CD que presenta información de supuesto espionaje a 150 ciudadanos. Tanto Pérez como Garúz son juzgados por la comisión del presunto delito de inviolabilidad del secreto. De ser declarados culpables, los exfuncionarios enfrentarían pena de 2 a 4 años de prisión.