La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas señaló este lunes que la medida tomada por el Tribunal de Cuentas en cautelarle bienes a su nombre, no obedece a casos de malos manejos o actos de corrupción como máxima autoridad de esta casa de estudios superiores en la provincia de Chiriquí.
Quiero aclarar las informaciones que salió y que deja entre dicho el nombre de la rectora no es correcta, ya que jamás he sido juzgada como persona natural y tampoco como rectora de esta universidad, afirmó la rectora Bonagas.
Agregó que el procedimiento que se lleva en el Tribunal de Cuentas se debe a una docente, directora de un colegio en la ciudad de David nombrada permanente en el Ministerio de Educación y que fue nombrada a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiriquí durante la administración anterior a su gestión.
Señala la rectora que hubo una denuncia por este nombramiento en la Contraloría General de la República y luego esta entidad hizo la auditoria en la universidad, lo cual indica que hay una presunta lesión patrimonial pasando el caso al Tribunal de Cuentas.
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Sin embargo, esto repercute directamente en la docente quien fue la que se ha visto directamente beneficiada por los salarios recibidos desde el año 2012 cuando fue designada a tiempo completo.
La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí señala que este fue un tema que heredó y que no se dio durante su administración, por lo cual se siente tranquila y sus abogados realizan las gestiones sobre este tema legal.
Agregó que pese al proceso que se lleva adelante ella sigue acudiendo a la universidad y realizando su trabajo por la cual fue elegida, ya que el trabajo no se puede detener.
La rectora señala que debido al proceso legal que se adelanta por el Tribunal de Cuentas, no puede entrar en más detalles y tampoco mencionar el nombre de la docente, toda vez que hay que ser responsables del debido proceso.
Finalmente comentó que no solo a ella se le ha tomado la medida preventiva, si no a otro exrector y a la profesora que presuntamente pudo haber cometido presuntamente una lesión patrimonial.
