SIP alerta ante casos de EPASA y Nextv
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consignó en su informe sobre Panamá, las amenazas del gobierno varelistas contra Editora Panamá América (Epasa) y el reciente arresto del presidente de Nextv, Riccardo Francolini
En su asamblea general que se celebra en México, la SIP destaca que EPASA" (que publica los diarios El Panamá-América, Crítica y Día a Día), ha señalado como intimidatorias declaraciones dadas por el presidente de la República y miembros del gobierno.
Estas declaraciones motivaron que EPASA presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitudes de medidas cautelares para evitar el cierre de sus diarios y garantizar la protección personal de 15 periodistas.
Además se destaca que todavía está pendiente de respuesta por parte de las autoridades de Migración contestar las solicitudes de la SIP sobre la retención en mayo pasado del periodista Santiago Fascetto en el aeropuerto internacional por funcionarios del Consejo de Seguridad del Estado.
También se incluye en el informe sobre Panamá las amenazas injustificadas contra EPASA de corte del servicio por parte del IDAAN y se hace referencia a cuatro alcances fiscales en dos años, con condenas a pagar por sumas que superan los $1.7 millones por presuntos errores en los informes fiscales presentados por la empresa.
Además se resalta un proceso administrativo del Tribunal Electoral (TE) que podría terminar en una multa de al menos 50 mil dólares por publicar un extracto de una encuesta de opinión pública.
El informe de la SIP consigna que el 12 de octubre fue conducido, indagado e impuesta detención preventiva por parte del Ministerio Público, al presidente de NexTv, Riccardo Francollini. El organismo advierte que espera que estas medidas, no afecten el ejercicio de la libertad de prensa del canal de televisión.
Por su parte, el Grupo Editorial GESE (que publica los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá), enfrenta una grave situación que puede implicar el cierre definitivo de los periódicos, luego que EE.UU. incluyó en la Lista Clinton a su principal accionista.
Los medios han quedado gravemente comprometidos en su situación operacional, pérdida de clientes y pauta publicitaria, deterioro de la relación con proveedores, asfixia del sistema financiero y bancario y afectaciones en el recurso humano, por lo que debieron reducir su planilla de colaboradores (incluidos periodistas) en un 20%. A esto hay que sumar el estrés laboral que produce la incertidumbre de si los periódicos podrán seguir publicando.
El documento de la SIP también destaca las declaraciones recurrentes del presidente Juan Carlos Varela que hace señalamientos sobre el desempeño de los medios de comunicación y las redes sociales. En un evento público con empresarios, criticó a los canales de televisión señalando que "pasaron ocho veces en su noticiero de dos horas noticias relacionadas con temas de delincuencia", que anunciaron en 12 titulares distintos.
Varela ha expresado su molestia diciendo que "la inseguridad es parte de la vida del país... pero hay algunos medios de comunicación obsesionados con crear una percepción caótica". En la provincia de Bocas del Toro, el 12 de agosto pasado, realizó fuertes críticas a los que critican su gestión utilizando las redes sociales.
Se cuestiona además que en julio pasado fue presentado a la Asamblea Nacional un proyecto relacionado con el denominado "derecho al olvido", por el cual usuarios de internet podrían exigir a portales informativos la eliminación de información que consideraran que afecta su imagen. La propuesta generaba una afectación a la libertad de expresión y fijaba limitaciones al ejercicio del periodismo. Luego de un corto debate público, el diputado panameñista Meliton Arrocha retiró el proyecto de ley.
Los topes al financiamiento privado a las campañas electorales, el establecimiento por ley de descuentos fijos obligatorios a los medios de comunicación por razón de la pauta publicitaria en campañas electorales y el requisito de obtención, por parte de los medios de comunicación, de autorización del Tribunal Electoral para divulgar propaganda política. Se piensa que esta carga debe ser de las agencias de publicidad y no de los medios, son otros puntos que se incluyen en el informe de la SIP.
Además se llama la atención sobre un proyecto de ley que regula la publicación de clasificados y mensajes cortos en los diarios, que podría afectar la libertad de expresión y que fue presentado por el diputado disidente del CD, Agustín Sellhorn.
Otro punto que menciona el informe es la dilatación en la decisión del proceso del incidente del exjefe del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garúz con el secretario del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina. El incidente de los periodistas Mauricio Valenzuela (independiente) y Hugo Vera (Telesur), con la exconsultora de la ONU, Amparo Medina, también se reporta.