El Tribunal de Apelaciones de la provincia de Chiriquí presidido por la juez Walkiria Martínez y los jueces suplentes José Correa y Jorge De La Torre ratificaron este jueves la medida cautelar preventiva de casa por cárcel impuesta por el juez de garantías Wilbert Castillo a Mireya Rodríguez, de 37 años, después que la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada le formulara cargos por el presunto delito Contra la Humanidad en la modalidad de Trata de Personas con fines de explotación sexual de menores, tras el operativo “Luz de Esperanza” realizado entre Panamá y Costa Rica.
Los jueces de apelaciones concluyeron que no hay pruebas contundentes que justifiquen se reemplazara la medida cautelar impuesta por el juez de garantía de casa por cárcel por la detención preventiva.
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Los jueces reiteraron que la investigada permanecerá en su casa ubicara en Balsa, en el distrito de Barú, donde mantiene su residencia y arraigo familiar, lo que permite mantenerla arraigada al proceso.
El abogado defensor de oficio, Rene Iglesia, sustentó ante los jueces de apelaciones que no existe señalamiento directo contra su representante por parte de las presuntas víctimas y que la medida impuesta por el juez de garantía la mantiene arraigada al proceso bajo investigación.
Sin embargo, el fiscal Miguel Tuñon de la Fiscalia Contra la Delincuencia Organizada no pudo sustentar ante los jueces elementos de convicción para que los jueces pudieran revocar la medida y ordenaran la detención.
En esta misma investigación permanecen con medidas de detención preventiva Edith River,a de 32 años, Iris Palacio, de 35 años y Didia Ortega, de 20 años.
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Sin embargo, esta última permanecía ya detenida en la cárcel de mujeres en Los Algarrobos investigada por otro caso en el que se le formuló cargo por el presunto delito contra el pudor en perjuicio de una menor de edad.
