Video de presos con armas expone descontrol penitenciario

 El video en la cárcel  La Joyita, protagonizado por reclusos encapuchados y exhibiendo armas de grueso calibre, expuso como el crimen organizado funciona con absoluta impunidad, amparado por funcionarios corruptos, en un sistema con cárceles hacinadas e insalubres. El día a día del sistema penitenciario fue puesto en entredicho de nuevo, esta vez por un vídeo “viralizado” en redes sociales. El propio director de un sistema penitenciario en el que la mitad de los reclusos están pendientes de juicio, Armando Medina, reconoció a raíz de la emisión del vídeo -que fue grabado aparentemente el pasado mes de diciembre- que en las cárceles “existe corrupción“, en la que denunció que están involucrados efectivos de la seguridad interna del penal y funcionarios de la Policía Nacional (PN). La polémica generada provocó que el propio presidente panameño, Juan Carlos Varela, dirigiera personalmente un operativo en el que mil agentes de las fuerzas de seguridad incautaron seis armas. La requisa se produjo en el pabellón 9 del centro, el único inspeccionado por los 1.000 policías, donde conviven presos comunes, algunos de alta peligrosidad, y pandilleros. Apenas la mitad de las armas exhibidas en el vídeo fueron incautadas y los doce reos que aparecen en el mismo, luego de ser presentados embarrados con un lodo rojizo ante Varela, fueron trasladados a la moderna “La Gran Joya“, considerada la “suite” de alta seguridad para los reclusos, aunque de ella también se han fugado otros más peligrosos. No es el primer incidente con armas de fuego en esa prisión (en octubre de 2014 falleció un recluso y otros cuatro resultaron heridos en un tiroteo). Pero el masivo operativo policial no intentó acceder al resto de las dependencias de la cárcel, en la que conviven más de 4.700 reclusos. El director del sistema penitenciario, que permanece en su puesto, al igual que el director del centro penitenciario, reconoció que “las cámaras de seguridad están deterioradas” en el interior de la prisión. Sólo funcionan las del circuito externo; una anomalía que se suma a la utilización masiva y continuada, a cualquier hora del día, de los teléfonos celulares en poder de los presos, que pueden dirigir desde la cárcel sus organizaciones criminales. El deterioro del sistema penitenciario panameño ha sido denunciado también por instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Gobierno panameño a trasladar “a un lugar que cumpla los estándares internacionales aplicables a personas privadas de libertad” a todos los reclusos de otra de las prisiones del país, la de Punta Coco, ubicada en la isla del Rey, 107 kilómetros al sur de la costa, en el turístico archipiélago de Las Perlas. Al informe de la Comisión Interamericana se suman las denuncias formuladas por los abogados defensores de los reclusos, y el propio defensor del pueblo panameño, quien estimó que el Gobierno, de no cumplir las recomendaciones, debe humanizar el penal proporcionando comida apta para el consumo humano, agua potable y asistencia médica. También por la representante de “Justicia y Paz“, Maribel Jaén, quien recordó al Gobierno que debe respetar que tiene un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El presidente Varela, que hace escasas semanas promovió una investigación por lo que definió como violación de los derechos humanos en la aplicación de “el cepo” -un castigo heredado de la Santa Inquisición que consiste en la inmovilización de piernas y manos con troncos- aplicado por pobladores de la etnia “Ngäbe Buglé” al presidente de su Congreso tradicional, aseguró sin embargo que no cumpliría las recomendaciones de CIDH. “Punta Coco se va a mantener abierta. Prefiero que nos cuestionen a poner en riesgo la vida de panameñas y panameños“, explicó el mandatario, en unas declaraciones interpretadas como un claro desafío a la institución defensora de los derechos humanos. Varela se justificó asegurando que esa cárcel ya fue dotada de las condiciones humanitarias exigidas por la CIDH y su fin es evitar que los líderes pandilleros sigan coordinando impunemente desde los presidios en tierra firme su red criminal.