El dolor de cuatro mujeres peruanas que aseguran que fueron esterilizadas de manera forzosa hace unos 15 años, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, hace que sigan reclamando justicia y que vean con esperanza la reapertura de su caso, que incluye un total de 2.074 supuestas víctimas.
Irene Chalco, Carmen Mayhua, Estela Laime y Sabina Huillca provienen de la región sureña de Cuzco y en estos días se encuentran en Lima para revisar el avance del caso conocido como el de las esterilizaciones forzadas, por lo que han acudido a la Fiscalía y se reunirán con representantes de la Defensoría del Pueblo.
Tras culminar el Gobierno de Fujimori (1990-2000) se denunció que muchas mujeres, sobre todo pobres y de la sierra, habían sido esterilizadas en contra de su voluntad y que esto había sido una política de Estado.
En noviembre de este año, la Fiscalía peruana reabrió de forma oficial el caso, luego de que Perú fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 por no investigar estas denuncias.
"La apertura se ha hecho por 2.074 mujeres. No todas tienen un abogado. La fiscal ha identificado a 1.500 mujeres vivas, las demás tienen un DNI (documento de identidad) equivocado", afirmó hoy a Efe Rossy Salazar, representante legal de la organización Demus.
Según la abogada, con la reapertura del caso cambió la figura de este delito, que pasó de ser considerado delito común a señalarse como una violación a los derechos humanos, por lo que no prescribe.
Ahora se consideran "lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, coacción, secuestro y también se está viendo el tema de falsificación de documentos, de abuso de autoridad. Hay otros delitos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado", manifestó.
Irene Chalco, de 41 años, dijo hoy a Efe que ella pensó en morirse junto a sus tres hijos cuando en 1997 le informaron que la habían operado para que no volviera a ser madre.
"Cuando me desperté estaba cortada mi barriga", recuerda Chalco entre lágrimas, al asegurar que ella nunca autorizó este procedimiento.
Ella es una madre soltera de la localidad andina de Chinchaypujio que vive del maíz, la papa y el trigo que produce su chacra y que no sabe ni leer ni escribir en español, pues su lenguaje nativo es el quechua.
Según Chalco, ella acudió al centro de salud donde le practicaron una ligadura de trompas porque solían regalarle víveres, pero tras los malestares que experimentó después de la operación, tuvo que ser intervenida hasta en dos oportunidades más.
El caso de esta y otras mujeres se presentó ante la Justicia en 2001, fue archivado en 2009, en 2011 se ordenó su reapertura, este año se reabrió y en este momento del proceso la Fiscalía reconoció que hizo una mala investigación, de acuerdo con Salazar.
La representante de Demus espera que la investigación tarde máximo un año y medio y sostuvo que una demora del Estado peruano puede significar una sanción.
"En el año 2003, el Estado peruano firmó un acuerdo de solución amistosa con los familiares de María Mamérita Mestanza, una mujer de Cajamarca que falleció debido a las esterilización forzada", explicó Salazar durante una rueda de prensa.
"El Estado peruano no solo se comprometió a reparar a los familiares de Mestanza, sino a revisar judicialmente todos los casos que se dieron por la política de planificación familiar", añadió.
En ese sentido, Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal, también presente en la conferencia, afirmó que el Estado se comprometió a juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos.
"En este caso hay 30 personas investigadas, entre ellas tres exministros fujimoristas: Eduardo John Motta, Marino Costa Bauer y Alejando Aguinaga, y otros altos funcionarios del ministerio de Salud en esa fecha", indicó Florián.
Las agraviadas "lo que quieren es que se les diga que lo que les pasó fue una violación a su cuerpo, para que la sociedad entienda que nadie las puede tocar, a menos que ellas lo consientan (...) No quieren que esto se vuelva a repetir", puntualizó Salazar.
