Monseñor Lacunza y los indígenas

En la trayectoria de monseñor José Luis Lacunza Maestrojuán también hay que destacar la mediación que tuvo  entre los indígenas y los gobernantes.   Entre los hechos más recordados está el 11 de febrero de 2011,  cuando el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli sancionó la Ley 8 de 2011, que reformó el Código de Recursos Minerales.  Tras este hecho,  la Coordinadora por la Defensa de los Recursos de la Comarca Ngöbé Büglé se opuso a la ley y cerró la vía Interamericana por cuatro días, culminando el conflicto por medio de los Acuerdos de San Félix el 27 de febrero de ese mismo año.  Este acuerdo contempló el compromiso del Gobierno de no permitir la explotación minera en la comarca y adoptar medidas para proteger los recursos hídricos. El 3 de marzo de 2011 se derogó la Ley 8, y se inició el diálogo con las autoridades indígenas para producir una nueva ley minera.   En medio de este pugna, el obispo de David en la provincia de Chiriquí, José Luis Lacunza,  decidió intervenir.  En todo este período de la resistencia indígena, la mediación de la iglesia Católica como miembros de grupos religioso, han acudido a buscar las herramientas para evitar la violencia, pero fue en vano, ya que los manifestantes se mantenían en las calles. Pacto de San LorenzoA las 6:15 de la tarde del martes 7 de febrero se firma el Pacto de los Acuerdo de San Lorenzo, para el debate del artículo 5 en la ley especial minera. El acuerdo fue suscrito por la cacica general, Silvia Carrera; el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo Ngäbé Büglé, Rogelio Montezuma; el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega y el obispo de David, José Luis Lacunza.  Se anunció que se mantendrá como garante en el proceso a la Iglesia Católica y como observadores a la Iglesia Evangélica, a la relatora de la Organización de Naciones Unidas y al rector de la Universidad de Panamá.  El obispo de David, José Luis Lacunza, abrió una conferencia de prensa en la que se dio a conocer al país el acuerdo de 10 puntos, que establece que la Asamblea Nacional le daría urgencia notoria, al proyecto de ley No. 415 para discutir el artículo 5, que prohíbe la minería y las hidroeléctricas en territorio comarcal. ¿Qué sucedió?En entrevista al periodista, José Vásquez, corresponsal de Chiriquí, Lacunza expresó que el proceso de negociación que se llevó, se cumplió con los puntos acordados hasta donde tiene conocimiento.  “Si quedo algún fleco colgando por allí, debió ser un tema de menor cuantía y tengo que decir que en los acuerdos firmados en ningún momento se acordó la cancelación o suspensión del proyecto hidroeléctrico, y lo que se acordó fue que en el proceso de verificación de la obra, cuando vinieran los inspectores internacionales contratados por el PNUD, para efectuar una evaluación, si en ese tiempo para tranquilidad y para que pudieran hacer su trabajo, si se requería la suspensión total de la obra se haría, pero no fue necesario”, afirmó Lacunza. Añadió en este tema que  los inspectores internacionales dieron sus veredictos, y que ahora no sabe si son los mismos grupos de antes o son otras personas que vuelven traer esto al tapete. Ante estos hechos el gobierno y las comunidades indígenas se tienen que reunir para ver cuál es la realidad, el pro y los contras y las disposiciones que se tomaran.  Afirmó  que si en algún momento se requiere la mediación de la iglesia católica allí estará como autoridad eclesiástica para participar.