Hermano de Julio Iglesias niega fraude fiscal millonario en España al residir en Panamá
La Audiencia Provincial de Madrid comenzó el juicio contra el hermano del cantante, que rechazó contestar las preguntas de todas las partes, incluido su abogado defensor.
Carlos Iglesias, hermano del cantante español Julio Iglesias, negó este martes haber defraudado unos 19 millones de euros a la Hacienda española en 2001 al no tributar una venta de terrenos en Madrid, alegando que tenía la residencia fiscal en Panamá.
La Audiencia Provincial de Madrid comenzó el juicio contra el hermano del cantante, que rechazó contestar las preguntas de todas las partes, incluido su abogado defensor.
Solo cuando el presidente del tribunal preguntó si se consideraba responsable de los hechos que se le imputaban, el acusado se limitó a responder: "No soy responsable".
La Fiscalía solicita para Iglesias cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 98,2 millones de euros por un presunto delito contra la Hacienda pública.
Por su parte, la acusación ejercida por la Abogacía del Estado pide que Iglesias sea condenado a diez años de prisión y a pagar una multa equivalente al monto defraudado, al considerar que también cometió un delito de blanqueo de capitales y tampoco tributó el impuesto de no residentes.
No obstante, finalmente el juicio será solo por la supuesta defraudación del impuesto de sociedades tras la venta de unos terrenos en Vicálvaro, en la región de Madrid, por la entidad Rolimpa Trading Corporation, con sede en Panamá, a dos empresas españolas por 46,2 millones de euros.
El Ministerio Fiscal cree que Iglesias no declaró el impuesto de no residentes ni las ganancias obtenidas en esa operación y no ve acreditado que sea residente fiscal en Panamá, sino en España. Además de considerar que Rolimpa Trading Corporation debería considerarse residente fiscal en España.
En el juicio declaró como testigo un notario que firmó la transacción de los terrenos, quien aseguró que la supervisó con especial "celo" al tratarse de una empresa panameña, pues "hay sociedades opacas que pueden ser mal utilizadas".
Al inicio del juicio, el letrado defensor solicitó la suspensión alegando dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se fue aplazando a lo largo de los años, pero fue rechazado por el tribunal.