Eritrea, la mayor cárcel de periodistas en África

Nairobi/EFE Unos treinta periodistas languidecen en las prisiones eritreas, detenidos sin cargos conocidos o por sus "críticas al Gobierno", en el país que se ha convertido en la mayor cárcel de periodistas en África, según el último informe sobre Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El número exacto de periodistas encarcelados no está claro, pues el Gobierno eritreo impide la entrada a observadores internacionales, explica a Efe el director para África del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), Tom Rhodes. "Es difícil saber qué está pasando ahí". Este hermético país, conocido como "la Corea del Norte de África", se sitúa en último lugar del ránking de RSF en cuanto a libertad de prensa de 2014, por delante incluso de China, Siria o Irak. Eritrea es, además, el segundo país del mundo con más periodistas encarcelados, solo por detrás de China. N.F., periodista que huyó de Eritrea tras ser encarcelado en tres ocasiones y que prefiere no ser identificado, relata a Efe que durante su cautiverio, torturas como privación del sueño, golpes, dietas de pan y agua eran frecuentes, aunque existían diversos niveles, acordes al delito cometido. "El mío era de los más bajos. Los otros deseaban tener mi nivel de torturas", recuerda en una entrevista telefónica. N.F. explica que hay un "clima de miedo" entre los periodistas eritreos por la infiltración de informadores del Gobierno en los medios de comunicación; basta una denuncia para ser trasladado a un "campo de tortura". No hay medios privados y, los que quedan, de propiedad gubernamental, siguen un discurso "ultranacionalista" y beligerante, donde la censura es total. La libertad de expresión, prensa, reunión y asociación están limitadas. Rhodes sostiene que Eritrea es "el país con más censura en el mundo", donde ya no quedan voces críticas contra el Ejecutivo, algo que sería un "suicidio" para el actual Gobierno del Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, en inglés). "Hay una línea roja que no se puede cruzar, -advierte el periodista eritreo- pero a veces los periodistas ni se dan cuenta". Pueden pasar meses entre que el Gobierno analiza lo que se publica y la Policía llama a la puerta de casa. "Te tapan los ojos y te llevan a una prisión", denuncia. En este clima de terror, los periodistas eritreos siguen las directrices del Gobierno, que convierten así a los medios en un "máquina de propaganda". Desde que en 2001 el presidente Issayas Afeworki clausurara todos los medios de propiedad privada en Eritrea, los corresponsales extranjeros han sido expulsados y ya no queda ninguno en el país. Mientras, los censores del Gobierno filtran las noticias que llegan del exterior. Así, según el informe de RSF, el Gobierno ha impedido la llegada de cualquier noticia sobre la Primavera Árabe y la penetración de internet en el país es ínfima, controlada por la única compañía de telecomunicaciones existente, que pertenece al Estado. La única forma de obtener información no censurada por el Gobierno es en los sitios web de la diáspora, aunque es necesario hacer estas consultas con precaución, porque basta la denuncia de un vecino rencoroso para acabar detenido, comenta N.F. El Gobierno utiliza estas detenciones arbitrarias para atemorizar a los periodistas, por razones que van desde la oposición política a practicar una religión no reconocida por el Estado, eludir el servicio militar obligatorio o tratar de huir del país, explica a Efe la investigadora para Eritrea de Amnistía Internacional, Rachel Nicholson. Y aunque pudieran, cuenta Nicholson, huir conlleva otros peligros, especialmente para los que se quedan: el Gobierno toma represalias contra la familia de los que logran escapar del autoritario país. El "paranoico" Gobierno de Eritrea, según la organización "Index on Censorship", rechaza las acusaciones de ONG y gobiernos occidentales sobre sus violaciones de los derechos humanos y aduce que son "motivadas políticamente". Aquellos periodistas que publican críticas a su gestión, o los sospechosos de no comulgar con el partido, son acusados y detenidos por actuar "en contra de los intereses de la nación" concluye Rhodes.