Gobierno de El Salvador no evitó matanza en penal pese a tener conocimiento

 Una disputa entre reos miembros de la pandilla Barrio 18 se saldó ayer con 14 muertes en la cárcel salvadoreña de Quezaltepeque, pese a que el Gobierno manejaba la posibilidad de que esto ocurriera, según reconoció hoy el ministro de Seguridad, Benito Lara. Lara admitió que el fiscal general de la República, Luis Martínez, advirtió de que "esto iba a suceder el fin de semana", y que también alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). "Sabíamos, lo que siempre se dice en muchos penales, que pueden haber purgas, eso lo han dicho en muchas oportunidades y nosotros hemos estado muy alerta", dijo el ministro al ser cuestionado sobre declaraciones del fiscal general en las que reveló el conocimiento previo de estos hechos. El funcionario confirmó que, tanto las víctimas, como los ejecutores, pertenecen a la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18 y que "todo apunta" a que el hecho acaeció por "una purga" entre miembros del mismo grupo criminal, debido a disputas internas entre las diferentes jerarquías. "Esta es una investigación que está en curso. No ha finalizado. Tenemos unos indicios, pero debemos profundizar más", apuntó Lara. Según las autoridades penitenciarias, quienes insistieron en desmentir "rumores de que se haya producido un motín", inicialmente fueron hallados muertos 3 privados de libertad en una parte de la cárcel y minutos después se encontraron 11 en otro lugar. El hallazgo de los fallecidos se produjo cuando los custodios de la prisión realizaban el encierro rutinario de los reclusos, alrededor de las 18:00 horas del sábado (00:00 GMT), informó a Acan-Efe un portavoz de la Dirección General de Centros Penales. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, confirmó que todos fueron asesinados mediante "estrangulamiento con ayuda de armas blancas". Hasta el momento, no han podido precisar a qué hora se ejecutaron los crímenes, ya que se cometieron "de una manera muy silenciosa", aseguró Rodil Hernández, director general de Penales. Hernández insistió en que "el control (de la situación) siempre se tiene" en el interior de las prisiones, pero que por la forma en que se cometieron los crímenes, "los custodios no se dieron cuenta de lo sucedido hasta la hora del recuento nocturno". Además, insistió en que, tras el hallazgo, se decretó en la cárcel un "estado de emergencia" que se prolongará hasta que se concluyan las investigaciones. Hernández dijo que la mayoría de los reos ultimados solo estaban siendo procesados (no tenían sentencias) y que "no pertenecen a una línea de mando", aunque aseguró que un número no precisado de ellos eran cabecillas de la pandilla. Las víctimas son Geovanny Esau Santos, Cristian Geovanny Artiga, Carlos Ernesto Herrera, René Mauricio Valle, Carlos David Campos, Víctor Manuel García, José René Rubio, Enmanuel de Jesús Lobato, Henry Mauricio Artiga, José Ernesto Durán, José Antonio Gutiérrez, Erick Alberto Escobar, Óscar Alfredo Grijalva y Santos Mauricio Aguilero. Esta misma facción de la pandilla Barrio 18 fue acusada por el Gobierno de "boicotear" a finales de julio el servicio de transporte público de pasajeros y causar un paro por 4 días consecutivos mediante el asesinato de chóferes, quema de automotores y amenazas de muerte. Por estos y otros hechos unos 100 supuestos miembros de la pandilla fueron detenidos en las semanas posteriores al sabotaje, acusados de terrorismo. Los 14 homicidios se suman a los 3.840 registrados por el IML hasta el 19 de marzo y que, respecto a los primeros 7 meses del 2014, representan un incremento del 51,35 por ciento. El hecho tiene un precedente en el año 2004, en la cárcel salvadoreña de Mariona (centro), donde 31 reos resultaron muertos y 28 heridos, durante una disputa entre pandilleros. En el año 2007 también se produjo una masacre de 21 presidiarios en el penal de Apanteos (noroeste), pero en esta ocasión, según aseguraron en su momento las autoridades penitenciarias, "la mayoría de los fallecidos eran presos comunes", no miembros de pandillas.