Hija de alto funcionario colombiano es liberada

 El secuestro de la niña Daniela Mora, hija de un alto funcionario del Gobierno colombiano, concluyó con final feliz después de que sus captores, asfixiados tras 48 horas de una fuerte presión policial y gubernamental, liberaran a la menor en una carretera del noreste del país. La pequeña, de 11 años, había sido raptada al salir de una clase extraescolar el pasado jueves, cuando desconocidos interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y se la llevaron, dejando al conductor abandonado a las afueras de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. No lejos de allí, en una carretera que une las poblaciones de El Zulia y Cornejo, fue liberada por sus captores, de los que se sabe que son al menos "tres individuos" pertenecientes a la "delincuencia común", según dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al anunciar el desenlace de esta historia. "Todos estamos muy contentos", aseguró Santos, quien indicó que la niña "estaba bien, que había estado un poco enferma, había tenido fiebre, pero que está en condiciones afortunadamente positivas". Daniela fue entregada a sus padres por el director de la Policía nacional, general Rodolfo Palomino, y posteriormente trasladada en helicóptero a Cúcuta para practicarle un examen médico que confirme su buen estado de salud. La niña es hija de Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior que tiene a su cargo la seguridad de funcionarios, así como de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados. Fue precisamente él quien recogió a la niña, que vestida de rosa y aparentemente en buen estado de salud se aferró al cuello de su padre, a quien puede verse emocionado en una grabación del reencuentro. Mora, que en Twitter agradeció "al presidente Santos, al general Palomino, a todos los compañeros del Gobierno" la ayuda para encontrar a su hija, asumió el cargo en enero pasado y no se descarta que por su labor hayan intentado vengarse de él. Según medios locales, el funcionario había destapado recientemente varios casos de corrupción, como el uso de vehículos de la entidad para transportar gasolina de contrabando desde Venezuela. Tras conocerse la noticia de la desaparición, el Gobierno dio la orden a la Policía de encontrar a Daniela como fuera, una tarea en la que no se escatimaron esfuerzos. Así, durante las pasadas 48 horas se desplegaron en Cúcuta 600 agentes de varias especialidades, quienes ahora tienen el mandato de localizar y detener a los tres captores. También se movilizaron las autoridades judiciales para pedir a la Interpol que emitiera una alerta amarilla, que corresponde a personas desaparecidas, con el objetivo de obtener colaboración de otros países si se llegaba a tener conocimiento de que la niña se encontraba en sus territorios. Además, debido a la cercanía de Cúcuta con Venezuela, las autoridades colombianas habían estrechado la coordinación con el vecino país para evitar que la menor cruzara la frontera. Mientras, el Gobierno colombiano ofreció una recompensa de 300 millones de pesos (unos $120,000) a quien aportara información que permitiera localizarla. El caso ha conmocionado a la sociedad colombiana, que se encuentra de nuevo con el flagelo del secuestro, una práctica frecuente dentro del conflicto armado y que en los últimos tiempos se había reducido, según versiones oficiales. Según Santos, en lo que va de este año los casos de secuestro en el país se han reducido un 70% en comparación con 2014, "que fue el más bajo de los últimos 35 años". Sobre el rapto se pronunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que destacó que el secuestro "es uno de los delitos con mayor impacto en la vida de las víctimas, sus familias y las comunidades que las deben padecer" y que "lamentablemente se ha generalizado en países con conflictos armados extensos como Colombia". En tanto, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que el secuestro "debe terminar de forma inmediata" en el país e instó a las autoridades a sancionar "de manera adecuada" esta práctica.