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El doctor Martín Alpírez, coordinador nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró que una cantidad importante de trabajadores informales están dedicados a generar combustión a través de la quema de cables para extraer cobre.
La situación, según el doctor, es preocupante porque esto genera un ambiente de alta toxicidad, ya que al generar calor para derretir las cubiertas del material se produce un exposición a gases y humos tóxicos que atentan contra la salud de los que respiran el humo.
Cuando una persona aspira constantemente los tóxicos que emanan de la quema de cobre, los primeros en sufrir son los vellos de las vías respiratorias, denominados cilios, que protegen los conductos nasales y otras partes del tracto respiratorio. Al ser afectados, estos vellos dejan de filtrar el polvo y otras partículas que entran a la nariz a través del aire respirado.
Cuando esto ocurre, según Alpírez, los primeros síntomas, como deshidratación y quemaduras internas en la persona, salen a relucir. En el peor de los casos, el tóxico puede pasar al torrente sanguíneo cuando se hace contacto con los dedos o alguna parte del cuerpo humano.
Otros órganos que sufren con la exposición son el cerebro, el hígado y los riñones, que con el tiempo podrían desarrollar algún tipo de cáncer.
Para Alpírez, el principal problema es que estas personas no utilizan medidas de protección, pues ellas encuentran en la actividad una forma de vida, aunque sepan que esto no es correcto.
La mayor parte de los quemadores de cobre no tiene un trabajo fijo y esto alivia sus necesidades.
En ese mismo tema, Yamil Sánchez, director de Protección de la Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), dijo que el fundir cobre es una actividad industrial que se tiene que hacer a gran escala y bajo métodos de control de riesgo.
El quemado de forma artesanal es extremadamente contaminante, produce emisiones al aire y es muy probable que en el proceso de fundición se genere algún tipo de derrame o vertido al suelo que cause un mayor daño.
Otras de las áreas afectadas son los cursos de agua próximos al lugar de quema, ya que los químicos derramados pueden llegar a ellos y afectar más seres vivos. En Panamá, la quema de cobre en vías públicas es ilegal, aunque actualmente la Anam no tiene un estudio de impacto ambiental sobre el tema.
Según la Anam, cuando se hacen denuncias, se trabaja en conjunto con las entidades de carácter de seguridad laboral, de salud y se contacta al Ministerio de Comercio e Industrias.
Ellos aseguran que son actividades muy riesgosas y a veces van de la mano con temas delictivos.
En cuanto a las sanciones, Sánchez informó que eso depende de si se trata de un grupo organizado o de pepenadores. En el primer caso, sería una sanción administrativa y serán los juzgados los que decidan cómo se pagará el delito.
