Originarios de las comarcas panameñas reclaman atención a sus problemas diarios, como la educación y salud, entre otros.
A lo largo de la historia, los ocho grupos indígenas registrados por la Contraloría General de la República de Panamá han luchado por una equidad social, sin obtener buenos resultados, mencionaron.
Problemáticas
Según los indígenas, entre las principales calamidades que aquejan a sus grupos están el tema laboral, las concesiones de sus territorios, la economía, la lucha social, hidroeléctricas, proyectos mineros y, sobre todo, la imposición de las autoridades sobre el pueblo.
Frente a esto, los aborígenes sacaron provecho al encuentro público y americano en suelo patrio, paralelo a la VII Cumbre de las Américas, para ser escuchados a nivel mundial a través de la denominada Cumbre de los Pueblos.
Estadísticas
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo en 2010, se reconocieron oficialmente ocho pueblos indígenas: guna, ngäbe, buglé, emberá, wounaan, teribe/naso, bokota y bri bri. Este sector representa un 12.3%, es decir unas 417,559 personas (ver tabla), del total de la población panameña (3,405,813).
Voces de los pueblos
Simonides Ávila, de Guna Yala, manifestó que ellos buscan alternativas mediante coyunturas políticas para hacer sentir sus luchas de rebeldía, mantenimiento de sus tradiciones y creencias.
Por su parte, Celio Guerra, de la comarca Ngäbe-Buglé, dijo que han venido sufriendo una serie de políticas injustas que han sido impulsadas en cada uno de sus territorios. Hemos sido ignorados por los Gobiernos, acotó.
Frente a esta situación utilizaron el encuentro de diversos actores de las Américas para enviar un mensaje a las autoridades sobre la atención a sus dilemas.
Indigencia
Dentro de las comarcas, el porcentaje de indigencia para 2010 es del 65.7%. De 2008 a 2010, la comarca Ngäbe-Buglé tenía la más alta tasa de indigencia, con un promedio de 79%.
Confiando en el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sobre un desarrollo y equidad para las Américas, elaboraron un informe final en el que exigen la ratificación del Gobierno panameño al Convenio 169, derecho de los territorios y la autonomía, ser respetado y que no se viole más ni se impongan más reglamentos por parte de autoridades centrales.
