Se le daría más valor a la ilegalidad
El último informe de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública Diasp, del Ministerio de Seguridad Pública Minseg, reveló que en el país hay cerca de 180 mil armas de fuego registradas y 60 mil propietarios debidamente enlistados.
Contrario a ello, en el año 2009, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que en el país, unas 300 mil armas de fuego eran ilegales, es decir, que no tenían ningún tipo de permiso de uso ni mucho menos alguna persona responsable por su utilización.
Conocedores del tema aseguran que es más fácil para un individuo que se dedique a delinquir conseguir un arma que para alguien que desee pagarla por obtenerla bajo la ley.
Esto lo sustentó una fuente, quien pidió reserva de su identidad, al mencionar que desde hace dos años tiene en sus manos un revólver calibre 38 que consiguió en el bajo mundo, en complot con unos amigos del mal vivir que tiene.
"Es fácil, solo es cuestión de tener los contactos y el dinero para comprarla", mencionó el entrevistado, que aunque no usa su arma para nada malo salvo para su defensa personal, es consciente de que si lo llegan a sorprender, puede caer en un delito.
Esta situación contradice lo defendido por el magistrado de Cuentas, Alberto Cigarruista, quien hace poco sustentara un proyecto de ley para el desarme de los civiles.
Alegó que un arma no es 100% rentable para la defensa, en entrevista a Telemetro Reporta, y dentro de su propuesta estaba definir un plazo de seis meses para que todas aquellas personas que tengan un arma legal o no la entreguen a las autoridades y su valor sería deducido del impuesto sobre la renta. Quien fuera sorprendido debería pagar una condena de 15 a 17 años de prisión.
Es importante resaltar que el desarme civil ha sido puesto en marcha por lo menos en cuatro países de Latinoamérica: Venezuela, Brasil, Honduras y México, pero no se logra disminuir los índices de criminalidad.
Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, dijo que hay que entender que el desarme civil en Panamá aplicaría solo para los usuarios que estén registrados en el Minseg, aquellos que pasan por todos los controles.
Para desarmar a los delincuentes, se debe utilizar el Código Penal, ya que el porte del arma que cargan es ilegal, lo único que se haría con esa propuesta es dejar indefensos a todos aquellos individuos que tienen un arma legal.
"Es una medida muy mal enfocada que no va a reducir la delincuencia, al contrario, la aumentará", recalcó. Las armas legales están controladas.
Para el exministro de Gobierno Severino Mejía, que se piense que desarmar al ciudadano civil va a solucionar el problema de la inseguridad es nada más y nada menos que una falacia.
De acuerdo con estadísticas del Minseg, en dos años de gestión, más de 3,700 armas de fuego han sido recuperadas.
El titular del Minseg, Alexis Bethancourt, indicó que como toda propuesta, la del magistrado Cigarruista debe ser llevada a discusión y tener un consenso para que todos tengan oportunidad de expresar su posición.
La veda en la importación de armas es un tema que preocupa a los propietarios y comerciantes de estas herramientas, aseguran que los perjudica.La pena por portar un arma de fuego sin permiso es de cuatro a 12 años de prisión.