50 años de cárcel para Ventura y Méndez por asesinato de jóvenes en La Chorrera

09/7/18 - 10:30 AM / El País

Gilberto Ventura escapó de prisión en diciembre de 2016, fue recapturado en septiembre de 2017. Foto: Cortesía

Retrato de las víctimas de secuestro y homicidio. Foto: Epasa

Aunque nada devolverá la vida a los jóvenes, los familiares podrán sentir que la justicia terrenal, tarda pero llega. Y es que ayer, después de años de lucha y dolor, se dio la sentencia a los implicados en el secuestro y homicidio de Yessenia Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Georgina Lee Chen y Joel Liu Wong, delito ocurrido entre los años 2010 y 2011 en El Trapichito de La Chorrera.

 

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El Segundo Tribunal Superior condenó a 50 años de prisión, a los dominicanos Alcibiades Méndez y Gilberto Ventura Ceballo, por ser autores de los delitos de homicidio doloso agravado y secuestro, en perjuicio de los cinco jóvenes de ascendencia asiática.

Segundo Tribunal Superior condena a 50 años de prisión, a los dominicanos Alcibiades Méndez y Gilberto Ventura Ceballos o Gilberto Ventura Ceballo, por ser autores de los delitos de homicidio doloso agravado y secuestro, en perjuicio de 5 jóvenes de ascendencia asiática.

— Prensa OJ (@PrensaOJ) 9 de julio de 2018

También fueron condenados a 50 años de cárcel Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, al ser cómplices secundarios de homicidio doloso agravado y cómplices primarios de secuestro, en perjuicio de tres de las cinco víctimas.

Además, a Kenny Bendibú Salazar y Roberto Mariscal Rodríguez se les condenó a 15 años de prisión, a cada uno, como cómplices secundarios del delito de homicidio doloso agravado, y se les absuelve del delito de secuestro.

En tanto que  el señor Félix Manuel Rosario Bruján fue absuelto de homicidio doloso y secuestro.

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Absueltos por blanqueo de capitales

El Tribunal absolvió a Alcibiades Méndez, Keyla Bendibú, Mario Luis Vega, Inés Torres Flores, Delmita Torres Flores e Inés Chavarría Torres del delito de blanqueo de capitales.

La pena también acarrea que las personas condenadas, una vez cumplida la pena accesoria, no podrán ejercer funciones públicas durante diez años.