En La Joya se contabilizó 63 contagios y una defunción; en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza 32 y La Joyita 30 y una defunción.
Cárceles.
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Domingo 27 de septiembre de 2020 03:30 PM

 

2,119 reos en diferentes cárceles de Panamá se han contagiado de COVID-19, así lo reveló un informe emitido por la Dirección de Privados de Libertad, PRILI, de la Defensoría del Pueblo.


De esta cifra total, el Centro Penitenciario La Nueva Joya encabeza la lista con 379 contagiados; le sigue el Centro Penitenciario de Santiago con 313 contagiados, con registro de una defunción; mientras que en tercer lugar está el Centro Penitenciario de Chiriquí con 252 contagiados y una defunción; seguido del Centro Penitenciario de Chitré con 238 casos de contagios registrados y el Centro Femenino de Rehabilitación, con 218 contagiadas.

 

Mientras que en el Centro Penitenciario de Las Tablas se contabilizó 151 contagios; el Centro de Detención de Tinajitas registró 150; el Centro Penitenciario El Renacer registra 130 contagiados y el Centro Penitenciario de Aguadulce 110 privados de libertad contagiados.

 

Además, presentan registros de casos: el Centro Penitenciario La Joya con 63 contagios y una defunción; el Centro Penitenciario Nueva Esperanza con 32; el Centro Penitenciario La Joyita con 30 y un registro de defunción; el Centro Penitenciario de Bocas del Toro con 21; el Centro de Transición de La Chorrera con 16; el Centro de Transición de Tocumen con 15 y el centro Penitenciario Los Algarrobos con un solo caso registrado. 

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Estas cifras variarán

Este informe se basa en visitas e investigaciones hechas por el personal de la Defensoría del Pueblo, en la semana correspondiente del 19 al 24 de septiembre, por lo que podría estar cambiando de acuerdo a la evolución y comportamiento del virus dentro de las cárceles.

 

Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo, destacó que esta es una situación preocupante, “sobre todo porque ya se ha anunciado la reapertura de visitas y si no se garantiza un real programa de bioseguridad, esto podría ser peor, no solo para los reclusos, también para sus familiares y abogados”.

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