El rechazo de diversos sectores de la población recibió el Decreto Ejecutivo N.° 281 del 15 de diciembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial No. 2844
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El País | 01/19/18 05:00

El pasado martes 9 de enero la Cinta Costera estuvo ocupada toda la mañana por la manifestación en contra de la corrupción. Foto: Roberto Barrios
El pasado martes 9 de enero la Cinta Costera estuvo ocupada toda la mañana por la manifestación en contra de la corrupción. Foto: Roberto Barrios

Jean Carlos Díaz

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@jeandiaz1331

El rechazo de diversos sectores de la población recibió el Decreto Ejecutivo N.° 281 del 15 de diciembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial No. 28446-A del pasado miércoles 17 de enero.

Este documento dicta una serie de reglamentaciones para el uso de la Cinta Costera CC.

Para el jurista Miguel Antonio Bernal es represivo, intimidatorio y antidemocrático, que va contra los principios elementales y universales de la libertad de reunión.

"Junto con la declaración del Consejo de Gabinete que se dio sobre la concentración, es el prólogo de acciones represivas que preparan para tratar de ahogar el descontento de la población", recalcó.

El artículo #8 dice que todas las personas naturales o jurídicas, organizaciones, institución estatal o particular, que requiera hacer una actividad en la CC, debe solicitar un permiso por escrito al administrador del sitio, diez días hábiles antes del acto.

La respuesta debe ser dada tres días antes del evento por la administración de la CC, de ser pertinente debe darse una reunión con los organizadores de la actividad.

Aunque el decreto tiene fecha del pasado viernes 15 de diciembre de 2017, se publicó en Gaceta una semana después de realizada la marcha contra la corrupción.

En dicho sentido, en el artículo #33 dentro de las prohibiciones el litoral T deja claro que no se permite convocar y realizar manifestaciones de cualquier tipo, dar discursos o sermones públicos sin autorización del administrador de la CC.

El Ministerio de Obras Públicas, administrador de la CC, señaló que no se tenía la intención de violentar el derecho de los panameños de protestar o manifestarse públicamente, sino de que se hicieran con el orden necesario para garantizar la seguridad, la vida y la integridad de los que hacen uso de esas instalaciones.


Con esa misma rapidez que han hecho todo esto, en las dos últimas semanas, ojalá resolvieran los problemas que aquejan al país. Se está limitando a las personas a usar la Cinta Costera.

Por faltas a las actividades económicas son la primera de $20 a $100, según la gravedad. La segunda, suspensión del permiso.