Transparencia Internacional censura destitución Defensor del Pueblo de Panamá
Castillero Hoyos, fue investigado por una subcomisión legislativa por presunto acoso sexual y laboral contra al menos 6 funcionarios de la Defensoría.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), dijo este viernes que la remoción del Defensor del Pueblo por el Parlamento violó garantías constitucionales y dejó en desprotección a los derechos humanos en el país.
La ONG panameña señaló en un pronunciamiento público que el proceso de destitución realizado en el pleno de la Asamblea Nacional (AN) el miércoles pasado "no respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia" del hasta ese día Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
Castillero Hoyos, quien fue investigado por una subcomisión legislativa por presunto acoso sexual y laboral contra al menos 6 funcionarios de la Defensoría, fue removido en razón de la supuesta negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones.
Al ex defensor se le vencía el periodo en el cargo el 31 de marzo de 2021.
"AN debió remitir a la CSJ"
Su remoción fue aprobada por el pleno de la AN, de mayoría oficialista, con el aval de 65 diputados que votaron a favor de la resolución de destitución, uno solo que voto en contra y dos abstenciones.
La resolución señala concretamente que el Defensor "ha incurrido en negligencia notoria en el cumplimiento del cargo, lo que constituye una causal de remoción" de acuerdo con la Ley 7 de 1997 que creó la Defensoría del Pueblo, y declaró la "vacancia absoluta del cargo".
Es a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no a la AN, "a quien le corresponde investigar y juzgar al Defensor del Pueblo en casos penales y policivos, por la calidad del cargo como alta autoridad de Estado" como lo dicta la Ley que creó la entidad, según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
"Es flagrante la ilegalidad de la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, y la subcomisión para ese propósito articulada", afirmó la Fundación.
Resaltó además que la AN debió remitir a la CSJ "toda la información de lo que pueda ser la comisión de delitos. No hacerlo niega a la ciudadanía y a los implicados(as) ver cumplida la justicia frente a posibles delitos por cuenta del funcionario".
"Debe prevalecer la verdad y la justicia y no un objetivo político: destituir al Defensor".
La ONG fue más allá y remarcó que el objetivo de lo sucedido en la Asamblea Nacional queda en evidencia "de forma inmediata, con la exigencia de renuncia a directores y jefes hecha por la Defensora Adjunta encargada Maribel Coco".
Destacó que Coco militaba en el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) "hasta hace 15 días, tan pronto tomó posesión del cargo".
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"Con ello, las fuerzas políticas partidistas toman inmediato control de una institución que requiere neutralidad, conocimientos técnicos y experiencia, ya que debe ser la primera línea de atención y defensa de los derechos humanos de los habitantes del país", indicó la Fundación en su pronunciamiento.
La Fundación instó a la ciudadanía "a manifestar su desacuerdo con este acto de ilegitimidad política".
En la misma sesión del pleno legislativo, a la que Castillero Hoyos acudió para responder a un cuestionario de seis preguntas que tenían que ver con supuestas acciones de acoso sexual, laboral y descuido en las funciones de su cargo, se convocó a la comisión legislativa de Gobierno para que dé inició al proceso de elección del nuevo Defensor en una fecha todavía no prevista.
"Es un bochorno, lo que ustedes han hecho es ilegal", afirmó Castillero Hoyos el pasado martes en alusión a los testimonios y declaraciones sobre supuesto abusos sexuales y acoso laboral contra funcionarias de la Defensoría y que forman parte de un voluminoso expediente de unas mil páginas, al que él aseguró nunca tuvo acceso.