Esto quiere decir que los peritos que dictaminaron que fue una bomba de la Policía la que incendió una celda del Centro de Cumplimiento, no tiene validez.
Benito Mojica y Daniel Raudes, abogados del subcomisionado Luis Carlos Ortega, el subteniente Joel Rodríguez y de los otros nueve policías, buscan que se les dé una medida cautelar para sus defendidos.
Según los abogados, ellos solo cumplían órdenes y, casualmente, quien se las dio, sí tiene medida cautelar.
En esta petición también se solicitó el expediente clínico de los menores de edad afectados y la declaración de tres miembros de la Policía.
De acuerdo con Mojica y Raudes, el proceso se está dilatando. Precisaron que el Artículo 1992 del Código Judicial obliga al Ministerio Público a investigar un delito, pero en este caso no se ha hecho, pues los peritos no son idóneos.
Consideran que el fallo que emitieron estos profesionales no tiene validez, y que eso ha retrasado el inicio de la investigación.