El juicio duró más de tres meses y se comprobaron 20 hechos de abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016.
Argentina.
El caso golpea las puertas del Vaticano cuando Francisco ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia. Fotos: AP/EFE.
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Lunes 25 de noviembre de 2019 04:45 PM

Con los brazos en alto y agitando las manos, una decena de exestudiantes de un colegio para sordos en Argentina expresaron el lunes su felicidad luego de que dos curas católicos que los sometieron a múltiples abusos sexuales fueron condenados en un juicio histórico. 


Un tribunal penal de la provincia cordillerana de Mendoza, en el oeste del país, sentenció al sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de prisión y al cura argentino Horacio Corbacho a 45. La corte formada por tres jueces también condenó al laico argentino Armando Gómez a 18 años de cárcel.


Los exalumnos destacaron que haya sido en Argentina, la tierra del papa Francisco, donde Corradi, de 83 años, encontró por fin su castigo luego de que durante décadas lo rodearan las sospechas sobre delitos similares que habría cometido en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, en Italia.


Corradi, Corbacho, de 59 años, y Gómez, de 49, escucharon con gesto adusto el fallo dictado por el tribunal de la ciudad de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires, mientras eran observados por sus víctimas, exalumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

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Lágrimas de felicidad 

El veredicto, que puede ser apelado, se dio a conocer después de un juicio que duró más de tres meses y en el que se comprobaron 20 hechos de abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos, entonces menores de edad. El colegio ha sido clausurado.


El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo el lunes a The Associated Press que “gracias a Dios se hizo justicia y paz para las víctimas. Coincide con lo que yo pedí a la Santa Sede, la pena máxima de la dimisión del orden sagrado a los dos sacerdotes. Lo que no puedo decir yo cuando tomaría las medidas la Santa Sede”.


Después de escuchar la sentencia, las víctimas fueron a uno de los vestíbulos del edificio donde el tribunal tiene su sede y manifestaron su alegría saltando y alzando los brazos, como si estuvieran aplaudiendo. También se abrazaron a los fiscales que investigaron las denuncias.


“Estoy feliz, muchas gracias por la lucha, porque todos nos han apoyado... esto ha cambiado mi vida”, dijo a periodistas Vanina Garay, de 26 años, con la ayuda de una intérprete.


Una joven que no se quiso identificar y que fue una de las primeras denunciantes dijo a AP con los ojos llenos de lágrimas que lloraba de felicidad “por todo este esfuerzo” y que se sentía “en paz y tranquila”. También criticó al Papa Francisco porque “nunca se interesó por nosotros”.


Sobre estos casos que se denunciaron masivamente en 2016 generando un terremoto en Argentina, Francisco no ha hecho comentarios públicos.


El escándalo se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos abusos en Verona sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

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Detención domiciliaria por su avanzada edad

El Arzobispado de Mendoza difundió un comunicado en el que trasmitió su “solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones” y dijo sentirse desafiado “a seguir trabajando para evitar que estas situaciones se repitan”.


La institución ha sido cuestionada por los sordos del Próvolo de Mendoza, que afirmaron no sentirse protegidos por la Iglesia local y el Vaticano durante estos tres últimos años.


Según la estadounidense Anne Barrett Doyle, cofundadora de BishopAccountability.org, “la corte argentina ha dado a los niños traumatizados del Próvolo una medida de justicia que la Iglesia católica no les dio”.


“El papa también debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable de estos niños... Ignoraba las repetidas advertencias de que Corradi estaba en Argentina”, agregó a AP Barrett Doyle.


Sergio Salinas, vicepresidente de la organización querellante Xumek, celebró que el tribunal haya reconocido a las víctimas como tales y criticó que “la Iglesia católica tristemente ha sido cómplice de esto, tanto en su momento (cuando surgieron las denuncias) como ahora”.


En tanto, el fiscal Gustavo Stroppiana dijo con lágrimas en los ojos que “nada de esto puede producir alegría pero sí satisfacción porque se pudieron juzgar estos hechos que estaban silenciados durante años”.


Apuntó que, como católico, siente que lo ocurrido “tiene que servir para restituir todas las alarmas que sean necesarias y se dé especial atención a estos hechos para que no se repitan”.


Está previsto que el cura italiano siga bajo prisión domiciliaria por su avanzada edad mientras que Corbacho y Gómez permanecerán confinados en una cárcel de la capital mendocina.


Este es el primero de una serie de juicios a los que serán sometidos otros exintegrantes del colegio.


El laico Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.


En las audiencias del proceso se conocieron los testimonios de jóvenes de ambos sexos sobre las violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio. También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.


Los testimonios fueron considerados verídicos en la etapa de instrucción previa al juicio y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por los padres que luego caían en saco roto, ropa interior presuntamente manchada con semen de los imputados o fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una joven con el fin de someterla.


Los abusos ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.


Los exalumnos del Próvolo exigen que el papa despoje del estado sacerdotal a los abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue desde hace meses.


El caso golpea las puertas del Vaticano cuando Francisco ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.


En un informe que elevó al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.


Simón señaló que el pontífice le había expresado que “estaba muy preocupado por esta situación”, pero muchos en Argentina se preguntan por qué el papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Italia.

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Existen otros  casos 

El nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto veronés por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano estaba en Argentina.


En 2012 la diócesis de Verona pidió perdón a las víctimas y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.


El nombre del cura italiano apareció de nuevo en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que los sordos italianos le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en Mendoza.


Corradi también está en la mira de la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. A ese centro fue a parar el sacerdote cuando fue trasladado desde Verona y luego destinado a Mendoza en la década de 1990.


Familiares de las víctimas apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
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Los periodistas de The Associated Press Leonardo La Valle y Paul Byrne contribuyeron en esta nota.

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