Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado.
El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un delito aspiracional, dice el Informe de Desarrollo Humano.





