La aprobación por parte del Consejo de Gabinete de un proyecto de ley para modificar la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito (APC) de los usuarios, no es bien visto por las personas.
La iniciativa pretende hacer que las agencias de información de datos incluyan en el historial de crédito el pago de empresarios de la micro y pequeña empresa, de servicios públicos como telefonía, electricidad, agua, alcantarillados y recolección de basura.





