El Parlamento brasileño ha garantizado a la OEA que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff se ajusta cabalmente a la Constitución, bajo supervisión de la Corte Suprema, y ha ratificado que su fase final empezará este jueves.
Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en documentos remitidos hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) ha denunciado el proceso como un intento de golpe de Estado.
El partido de Rousseff, suspendida de sus funciones
