Los abogados de importadora Ricamar se presentaron ayer al Palacio Gil Ponce para presentar un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicias por el allanamiento que realizó el magistrado fiscal Abel Zamorano.
El abogado Alejando Pérez indicó que este caso es una persecución política porque la nota que habla de investigar los libros no menciona ninguna empresa. Agregó que "aquí hacen lo que les da la gana y ponen en peligro el trabajo de 30 mil panameños".





