Asociación de Reducción de Daños de Iberoamérica le envía mensaje a 'Nito'

La Asociación de Reducción de Daños de Iberoamérica (ARDT) emitió un pronunciamiento dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Esto en reacción  al proyecto de ley 178, que prohibe la comercialización de cigarrillos electrónicos en Panamá.

La ARDT señala que es una entidad conformada por organizaciones de usuarios que defienden los derechos de los ciudadanos que han optado por los dispositivos de administración de nicotina de bajo riesgo como una alternativa para reducir el daño causado por el tabaquismo en más de 12 países de Latinoamérica y Europa.

Alegan que con dicha normativa se cierra la posibilidad de implementar políticas públicas de salud que pueden ayudar a millones de adultos de la región a salir del tabaquismo. 

"Uno de nuestros miembros nos ha informado sobre el proceso de la Ley 178, que busca prohibir el uso y la comercialización de los productos de administración de nicotina de bajo riesgo (vaporizadores, dispositivos de calentamiento de tabaco y similares). También sabemos que esta ley ha quedado en sus manos para dar la aprobación presidencial. Es por ello que nos dirigimos a usted para exponer nuestros argumentos de modo que pueda ver de manera más amplia las consecuencias que traería aprobar este proyecto y convertirlo en ley", expresaron.

Por otro lado sustenta los siguientes señalamientos: 

En primer lugar, este proyecto de ley pasa por alto toda la evidencia científica que avala este tipo de dispositivos para la reducción de daños causados por el tabaquismo. 

Existen más de 2.000 estudios en distintas áreas de investigación que demuestran los  beneficios que estos productos alternativos al tabaquismo podrían traer a la población fumadora de Panamá. Entre dichos estudios se encuentran varias revisiones científicas, y en especial una realizada por la Colaboración Cochrane2, una organización sin ánimo de lucro que reúne a un grupo de más de 30.000 investigadores de ciencias de la salud en más de 90 países y que aplica un proceso riguroso y sistemático de revisión de las intervenciones en salud. 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco también habla al respecto: “Las estrategias de abandono y tratamiento de la dependencia del tabaco deberán basarse en los mejores datos disponibles demostrativos de su eficacia. Existen pruebas científicas fehacientes de que el tratamiento de la dependencia del tabaco es eficaz, de que se trata de una intervención sanitaria costo efectiva y de que, por lo tanto, es una inversión conveniente para los sistemas de atención de salud”.

En segundo lugar, el proyecto no tiene en cuenta las conclusiones de los ministerios de sanidad que se destacan por su lucha contra el tabaquismo, como es el caso de Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda e incluso Estados Unidos. 

Según el Convenio Marco para el Control Tabaco, se debe tener en cuenta la importancia de compartir las experiencias. El intercambio de experiencias y la colaboración entre las Partes contribuirán enormemente a mejorar su capacidad para aplicar las presentes directrices”, así como “compartir con las otras Partes las experiencias en materia de abandono del tabaco y tratamiento, incluidas las estrategias para formular y financiar actividades de apoyo al abandono del consumo de tabaco, las directrices terapéuticas nacionales, las estrategias de capacitación y los datos e informes de las evaluaciones de los sistemas de tratamiento de la dependencia del tabaco”. Ninguna de estas experiencias y apoyos se están teniendo en cuenta en el Proyecto de Ley 178.

En tercer lugar, la prohibición de este tipo de productos tiene consecuencias problemáticas que no parecen estar siendo consideradas, entre ellas que:

• Se producen las condiciones para que surja un mercado ilícito de este tipo de productos, promoviendo la aparición de productos de baja calidad y dudosa procedencia que pueden llegar a causar problemas de salud entre los ciudadanos consumidores y fomentar la criminalidad. • Al prohibir los productos de administración de nicotina de bajo riesgo, el Estado panameño perderá la oportunidad de recaudar por medio de ellos impuestos que pueden ayudar a fortalecer las arcas del Estado. • La prohibición hará que las tasas de tabaquismo de Panamá sigan en aumento y, por lo tanto, crecerá el riesgo de que muchos panameños enfermen y mueran por esta causa. Esto implica también un gasto mayor para el Estado panameño en la atención en salud a la población afectada.