Beneficio laboral a asilados desata campaña desinformación "nociva" en Panamá
La legislación panameña establece que casi todas las carreras tradicionales y muchos oficios solo pueden ser practicados en el país por nacionales.
El Gobierno de Panamá afirmó hoy que desde 2008 una ley local estableció el derecho al trabajo de los asilados, al denunciar una campaña de desinformación "nociva" sobre falsos cambios a la legislación laboral desatada en redes sociales tras la promulgación de un decreto que reglamenta la materia.
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Se trata del decreto ejecutivo 114 del 30 de agosto de 2018, publicado el viernes en la gaceta oficial, sobre el otorgamiento de permisos de trabajo a extranjeros en condición de asilos en Panamá.
"No se está creando ninguna condición de migración laboral nueva que atente contra la mano de obra panameña. El decreto se refiere para quien alcance el estatus de asilado", declaró este sábado el Ministerio del Trabajo en un extenso comunicado.
La legislación panameña establece que casi todas las carreras tradicionales y muchos oficios solo pueden ser practicados en el país por nacionales, y bajo condiciones muy específicas, asociadas generalmente a la no existencia de personal calificado, es que un extranjero puede ejercerlas.
"Es totalmente falso que el decreto abra la puerta a un otorgamiento masivo de permisos de trabajo, lo que podemos interpretar como una desinformación nociva que busca generar de forma premeditada una confusión en la mano de obra panameña", añadió el comunicado oficial.
El Ministerio del Trabajo precisó que desde "el 2009 se han otorgado en Panamá 30 asilos", y que durante la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela se han dado "siete".
Recordó que el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 "Que crea el Servicio Nacional de Migración, la carrera migratoria y dicta otras disposiciones", establece en su artículo 26 que "los refugiados, asilados o apátridas tendrán los mismos derechos que los residentes temporales, incluido el derecho al trabajo".
Ello "sujeto a la normativa laboral vigente, la obligación de pagar impuestos y cuotas de seguridad social en iguales condiciones que los nacionales, así como el pago de los servicios migratorios".
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El Ministerio sostuvo que ante la "falta de reglamentación que permitiera el cumplimiento de la Ley" de 2008 fue emitido el decreto 114 del 30 de agosto de 2018.
"Lamentamos la desinformación generada en redes sociales como resultado de interpretaciones muy particulares y no bajo el conocimiento pleno de la información. La República de Panamá seguirá siendo garante del punto 7 del Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se refiere a este tema", indicó el Ministerio del Trabajo en su comunicado.
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El decreto 114 del 30 de agosto, que está firmado por el presidente Varela, y el ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles, establece que el permiso laboral se otorgará a los asilados de forma anual, tendrá un costo de 10 dólares y deberá ser tramitado mediante un abogado.
"No tendrán derecho a estos permisos de trabajo las personas que estén condenadas o vinculadas a actividades delictivas como el blanqueo de capitales, narcotráfico, trata de personas, pandillerismo, sicariato y terrorismo", añade el documento oficial.
A este mismo asunto se refirió este sábado en su cuenta de Twitter la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, que dijo que su país debe ser solidario ante la crisis humanitaria que abate a Venezuela al defender la decisión de otorgar permisos de trabajo a los asilados venezolanos.
"Esta administración ha otorgado condición de asilo a 7 personas, los 7 de Venezuela. Con crisis humanitaria que vive ese país, Panamá debe ser solidario y crear condiciones para que puedan ganarse su sustento. Otros países les otorgan salario además del permiso de trabajo", escribió De Saint Malo en la red social.
Panamá estableció la exigencia de visa estampada a los venezolanos desde octubre pasado, lo que junto con las fuertes restricciones laborales ha desalentado la llegada de estos extranjeros y llevado a otros ya establecidos a salir del país.