Defensoría del Pueblo crea comisión especial por desalojo indígena en Panamá
La defensoría del pueblo manifestó que también se dará asistencia a los "niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el enfrentamiento en Barro Blanco, al igual que a las familias que quedaron a la intemperie".
La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció este lunes la creación de una comisión para dar seguimiento al enfrentamiento entre una comunidad de la comarca Ngäbe Buglé y la Policía, cuando el grupo indígena era desalojado de unos terrenos privados, procedimiento que culminó con heridos en ambos bandos y seis detenidos.
"La Defensoría del Pueblo anunció este lunes la creación de una comisión especial, liderada por la dirección de Protección de Derechos Humanos junto a la regional de Chiriquí, para dar seguimiento y asistencia con las autoridades a las tres personas que resultaron heridas", anunció la entidad en un comunicado.
Agregó que también se dará asistencia a los "niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el enfrentamiento en Barro Blanco, al igual que a las familias que quedaron a la intemperie".
La Defensoría señaló que "tras una vista" al "centro médico, los oficiales de derechos humanos (...) verificaron la condición de algunos heridos, por lo que se brindará seguimiento para que reciban las atenciones".
Así comunicaron que junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se hará una inspección "en el área para ver la situación" de los menores "aparentemente sin hogar".
La entidad inició el pasado sábado una investigación "para determinar la vulneración de los derechos humanos tanto de los originarios como de los miembros de la Policía Nacional".
Los hechos sucedieron el viernes, cuando un contingente de la Policía Nacional (PN) acudió al sector de Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, para desalojar al grupo de indígenas de unos terrenos que son privados.
Según las autoridades, los terrenos pertenecen a un corregimiento, por lo que no son ni comarcales ni pertenecen a una hidroeléctrica cercana que es centro de controversia desde hace años con los indígenas, que denuncian la invasión de sus tierras ancestrales.
Medios locales difundieron imágenes de los indígenas, entre ellos niños, con heridas en el cuerpo: fuertes golpes circulares en muchos casos sangrantes.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá denunció la "brutalidad policial" a la que fue sometida el grupo originario, pues estaban en "una protesta pacífica y no cuentan con ningún tipo de armas de defensa, solo su disposición y voluntad de lucha protegiendo su territorio y sus recursos naturales".
La Policía, por su parte, informó que acudieron al lugar por una "orden de desalojo y desacato por invasión de tierras emitida por las autoridades competentes", y que sus agentes fueron agredidos con "petardos caseros, machetes y piedras".
Panamá es un país de 4,2 millones de habitantes y cerca del 12 % de ellos son indígenas, una población afectada por elevados niveles de pobreza, que pueden llegar al 96 % en algunas de las cinco comarca que existen en la nación centroamericana.
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