El Gobierno de Panamá impulsa una ley para mejorar el servicio eléctrico nacional
La iniciativa de ley "también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones".
El Gobierno de Panamá informó ayer martes que aprobó un proyecto de ley para "fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico" en el país centroamericano. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gabinete (de ministros) y debe ser presentado, en una fecha no especificada, a la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para su aprobación. La iniciativa "detalla que, durante las últimas décadas, los clientes han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, lo que ha provocado daños en equipos y artefactos eléctricos", indicó en un comunicado la Presidencia. "En respuesta a esta realidad, el Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes", detalló la nota. De acuerdo con la información oficial, "las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos" y que "las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado", entre otros. La iniciativa de ley "también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones". En Panamá hay tres distribuidoras: Elektra Noreste (ENSA), propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de la española Naturgy. Estas distribuidoras funcionan bajo el esquema de empresa mixta, en la que EPM y Naturgy cuenta con el 51 % accionarial y el resto pertenece al Estado - al menos el 48 % - y a los trabajadores - máximo 2 % -. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) una apertura del mercado de comercialización de energía eléctrica a fin de introducir una mayor competencia, según un documento filtrado a la prensa local el pasado sábado.