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Ministra Carles preside el CONNA para abordar situación de los niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección

De acuerdo con Carles la protección integral de la niñez es una responsabilidad de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la sociedad en su conjunto, familias, organizaciones comunitarias, la iglesia, medios de comunicación y el sector privado.

Redacción

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presidió este viernes la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), convocada con el fin de abordar la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección en centros de atención y, particularmente, ante las denuncias relacionadas con el CAI de Tocumen.

Durante esta sesión, en su condición de ministra de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la ministra Carles manifestó que la institucionalización debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado, a la par que reiteró la necesidad de articular acciones que permitan fortalecer las políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. 

Subrayó que la protección integral de la niñez es una responsabilidad de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la sociedad en su conjunto, familias, organizaciones comunitarias, la iglesia, medios de comunicación y el sector privado.

También se refirió al papel técnico y operativo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en la ejecución de medidas de protección y supervisión de centros, así como la necesidad de una evaluación permanente de los casos, la promoción de la reunificación familiar y el desarrollo de alternativas a la institucionalización.

La ministra reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la revisión de los mecanismos de supervisión para corregir fallas estructurales y fortalecer el sistema de protección.

La sesión contó con la presencia de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quienes enfatizaron los avances del país en materia de protección de niños y adolescentes, reiterando su disposición de brindar colaboración técnica al Estado panameño en la implementación del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, fortaleciendo las capacidades institucionales y los mecanismos de protección.

La ministra Beatriz Carles hizo un recuento de algunas de las acciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, desde el inicio de su gestión, en favor de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, así como las relacionadas con en el caso del CAI de Tocumen, entre ellas, el traslado temporal de 10 jóvenes adultos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de la medida de protección ordenada por el Procurador General de la Nación.

Este hogar que, hace alrededor de 20 años, fue traspasado al MIDES, cuenta con doce funcionarios de la planilla de esta institución, entre técnicos y cuidadores, y funciona como albergue de temporada escolar para adolescentes femeninas de áreas distantes, que regresan a sus hogares, una vez culminado el periodo escolar.

El año pasado, con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, este ministerio realizó obras de remodelación y adecuación de sus instalaciones para brindar un entorno agradable y seguro para la población que atiende.

Los jóvenes que fueron trasladados, de manera temporal, a este hogar son personas con discapacidades físicas e intelectuales, en situación de dependencia, que desde muy temprana edad ingresaron al sistema de protección y al llegar a la edad adulta, no cuentan con alternativas familiares.

Están en situación de vulnerabilidad y no representan un peligro para la comunidad, por el contrario, requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad de la sociedad.

Como resultado de esta sesión, se recogieron aportes valiosos que serán el punto de partida para la instalación de mesas de trabajo que elaborarán una serie de propuestas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección, desde un enfoque multidisciplinario, que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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