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Recalcan que hay manipulación en la administración de justicia para favorecer situaciones políticas

Pedro Miguel González no duda las intenciones del gobierno, a través de su contendiente José Gabriel Carrizo, para que Martinelli no corra para la presidencial.

Redacción 'día a día'

El caso New Business es otra prueba de que el interés político priva sobre la independencia y transparencia de la que debe gozar la administración de justicia.

Y es que, tras las irregularidades surgidas en el juicio, y que fueron denunciadas por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli a la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA), cada vez se suman más voces conscientes de la manipulación del sistema de justicia.

Ahora, es el propio precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, quien maneja esta postura.

"Hay algo de manipulación política en el Órgano Judicial, algo que debemos superar a partir del próximo gobierno", dijo el precandidato en el programa radial y de internet, Panamá en Directo.

González piensa que Martinelli "va a ser condenado en tiempo récord", y que el Tribunal Superior confirmará su sentencia y la Corte Suprema de Justicia no admitirá el recurso de casación que presente y "quedaría con la sentencia ejecutoriada".

Es claro para el precandidato que en esta ocasión a Martinelli "lo van a sacar de carrera".

 

 

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Y el interés procede, a juicio de González, del actual gobierno y su precandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, debido a que considera que los resultados de las primarias de este domingo, en el PRD, podrían cambiar el panorama.

"Pienso que va a depender de lo que pase el domingo. Si Pedro Miguel o Crispiano (Adames) derrotan a Gaby, a lo mejor cambian la señal y prefieren entenderse con él. Si el gobierno pierde la elección del 11 de junio es probable que quisieran cambiar la señal", declaró el exsecretario general del partido gobernante.

 

 

Este proceso tiene su trasfondo

Otro que reaccionó, anteriormente, sobre este tema es el analista político Ebrahim Asvat, quien desde un inicio planteó que el juicio de New Business no es un proceso legal normal, sino que tiene su trasfondo.

"El objetivo principal de New Business no es volver a ver a Ricardo Martinelli preso, sino evitar que corra en las próximas elecciones por las altas probabilidades que tiene de obtener un triunfo electoral", planteó el también abogado.

Alfonso Fraguela, quien fue vicepresidente del CNA, expresó que si el proceso de Ricardo Martinelli se maneja como expresó el exdiputado Pedro Miguel González, significa que la justicia está secuestrada por la política.

"Aquí lo que hay fue el cambio de botas militares por Florsheim", agrega Faguela, enmarcando su respuesta en lo que fue la manipulación de la justicia cuando rigió el régimen militar en el país.

El jurista considera que este tipo de justicia podría marcar un precedente nefasto, ya que sería aplicada en atención al nombre, lesionando la objetividad e imparcialidad en los procesos que sean desarrollados en la corporación de justicia panameña.

 

Este caso deja un mal sabor

Otro que sostiene que este caso marca un precedente nefasto para el Órgano Judicial es el exmagistrado del Tribunal Administrativo Tributario, Allan Barrios.

"El debido proceso es una garantía y es mandatoria a las autoridades y no es discrecional. El caso New Business pone en evidencia la manipulación de la justicia en búsqueda de un resultado, marcando un precedente nefasto para los procesos que se someten a la jurisdicción penal", escribió en sus redes sociales.

Acelerar un fallo condenatorio con el único propósito de perjudicar al hoy candidato presidencial sería una evidencia de peso de los planteamientos que esbozan las fuentes citadas.

El ciudadano Harry Iglesias detalló que la intención se sabrá si los fallos se producen dentro de los 30 días hábiles, ya que a pesar de que la ley fija un término, "jamás lo cumplen ni con expedientes de 100 páginas".

Conocedor del sistema, Iglesias, en sus redes sociales ilustró que las apelaciones por lo regular demoran entre seis y nueve meses.

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