Magistrados rechazan querella de veterinarios
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones decidieron rechazar la querella presentada por los representantes legales de la Asociación Panameña Veterinarios quienes aspiraban a ser tomados en cuenta como víctimas dentro del proceso que se sigue a la empresa Campos de Pesé por su supuesta participación en la contaminación del río La Villa con el herbicida Atrazina.
Los magistrados, en audiencia celebrada la tarde del miércoles en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Chitré, reafirmaron la decisión del Juzgado de Garantías dada el pasado lunes, y resolvió la apelación del gremio de médicos veterinarios.
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Durante la audiencia se fijó para el próximo 6 de abril la reanudación del proceso que se sigue contra Campos de Pesé, fecha en la que se celebrará la audiencia de fase intermedia en la que ambas partes deberán presentar las pruebas recabadas en casi dos años que lleva el proceso.
Evidel Vigil, quien forma parte de la defensa de Campos de Pesé, señaló que lo actuado por el Tribunal de Apelaciones es en estricto derecho, ya que el objetivo de la asociación de Veterinarios no es la protección del medio ambiente ni de los animales.
El abogado indicó que una vez reanudado el proceso, se encuentran en capacidad de demostrar la inocencia de la empresa Campos de Pesé y sus directivos que han sido imputados por delitos contra el Ambiente, el Ordenamiento Territorial y la Salud Pública
Por su parte, el presidente de la empresa -imputado dentro del proceso- Rafael González Pacheco, indicó que la apelación del gremio veterinario buscaba alargar el proceso más de la cuenta, lo que les afecta en su vida personal y laboral.
"Ya esto lleva más de dos años, estamos listos para aclarar y presentar las pruebas de nuestra inocencia, ya que esto nos impide llevar una vida normal", indicó González a su salida de la audiencia.
La representante de la Asociación Panameña de Veterninarios, Teresa Moncada, indicó que el interés del gremio no es alargar el proceso, si no demostrar las consecuencias que podrían sufrir a la larga las personas y animales por el envenenamiento del río.
Moncada indicó que la asociación podrá continuar en el proceso como terceros afectados y no en calidad de víctimas, y anunció que participarán como querellantes a través de la Fundacion Humanitas.
La contaminación, generada a mediados del año 2014, afectó a unas 150 mil personas, residentes en las provincias de Herrera y Los Santos.