La incidencia de los delitos contra la libertad e integridad sexual en los menores ha mantenido un descenso en los últimos años.
Recientemente, el Ministerio Público MP, a través de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual Conapredes, en niños y adolescentes, ha manejado el reporte de 323 investigaciones por el delito de explotación sexual, en ocho meses aproximadamente.
De estas incidencias, el 92% ha sido por la pornografía infantil, es decir alrededor de 297 casos. De esos, aproximadamente 231 denuncias fueron en la ciudad de Panamá, un 78% de la pornografía en menores. Chiriquí marca una incidencia de 6% de estos hechos.
Solo en el 2016 se atendieron 1,282 denuncias por abuso contra los menores.
Según datos suministrados por el MP, para el año anterior 2015 había 1,814 violaciones. No solo este tipo de delito es el más frecuente, se le suman las relaciones consentidas, explotación sexual, acoso sexual y demás.
María Amelia Pella, secretaria ejecutiva de Conapredes, explicó que no solo estos tipos de delitos se han detectado mediante las investigaciones, sino también la oferta del turismo sexual, están detrás de las personas que hacen los anuncios de pornografía infantil para promover el país y a los menores, para que se disfrute de ellos. Se han desarticulado algunas redes dedicadas a dicho ilícito.
Conapredes, creado con la Ley N.° 16 de 2004, es una entidad técnico-administrativa que tiene que ver la forma de crear y articular programas de prevención, ayudar a tener datos estadísticos y el diario lidiar con las víctimas.
Esta dependencia funciona con el fondo económico que le es asignado de cada $1.00 proveniente de todos los turistas que ingresan al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por mes; el valor mínimo recaudado es de $20 mil por mes.
Las edades entre los 11 y 14 años, son los jóvenes más vulnerables a ser perjudicados por los delitos sexuales. La línea raya en los 16 o 17 años.
La abogada Olga Marciaga indicó que a los jóvenes afectados se les da un seguimiento en la Secretaría de Protección de Víctimas, donde los fiscales remiten a los perjudicados a la atención con diversos especialistas, sin revictimizarlos.
El delito de pornografía infantil tiene una pena de 10 a 15 años de prisión; turismo sexual, 8 a 10 años; pago por relaciones, 6-10 años; tomar fotos o videos sexuales, 10-15 años de cárcel.
