ACAN-EFE
El Colegio de Abogados de Panamá exigió hoy la suspensión de un programa gubernamental que facilita la estadía legal de inmigrantes, por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y viola leyes locales e internacionales.
El gremio pidió al Gobierno que asumirá el próximo 1 de julio el líder opositor y actual vicepresidente panameño, Juan Carlos Varela, "realizar una auditoría inmediata sobre el uso y destino de las sumas cobradas por el Gobierno actual" a los inmigrantes que han participado en el programa, y que llegan a superar los 1.000 dólares en promedio.
El gremio panameño de abogados se refiere al programa llamado "Crisol de Razas", que desde julio de 2010 realiza periódicamente el Gobierno del presidente saliente, Ricardo Martinelli, y ha legalizado a más de 50.000 inmigrantes indocumentados según los datos disponibles.
El mismo tiene como antecedente el "proceso de regularización migratoria extraordinaria" que inició el Gobierno de Omar Torrijos (2004-2009), y emitió documentos a un número no precisado de inmigrantes.
El Colegio de Abogados señaló que la legalización por entre 2 y 10 años de "miles de extranjeros" mediante un proceso que, según el gremio, no cumple con todos los requisitos de la ley local, "pone en riesgo la seguridad nacional" al permitir la filtración de individuos vinculados con delitos que van desde el tráfico de personas hasta el de drogas.
También se han instalado en el país centroamericano personas "que no cuentan con solvencia económica alguna, con el consecuente desplazamiento de la mano de obra panameña", indica una declaración del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, firmada por su presidenta, Irma Silka Araúz, y su vicepresidente, Luciano Yanes.
El Colegio asevera que "Crisol de Razas" deja en "condiciones de vulnerabilidad" al inmigrante, ya que permite un trato preferencial y expedito a los extranjeros que hacen el trámite sin un abogado, lo cual además "violenta" dos leyes de 1984 y 2008 que regulan el ejercicio de la profesión de abogado.
El programa panameño de legalización de inmigrantes además "viola el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional", según el Colegio de Abogados.
Ello, porque los beneficiados pueden quedar en riesgo de ser explotados sexual o laboralmente, o de ser víctimas de prácticas análogas como la esclavitud o la servidumbre.
"Datos estadísticos oficiales arrojan que un 70 % de los migrantes captados a través de las denominadas ferias migratorias o Crisol de Razas ha legalizado su estatus migratorio en el país sin que medie permiso de trabajo, lo cual lo coloca en situación de vulnerabilidad y/o explotación", argumenta el gremio.
El Colegio de Abogados insta en su declaración al Gobierno que asumirá Varela iniciar las consultas correspondientes para la elaboración de una política migratoria "integral" y con medidas que se ajusten a la realidad nacional tanto en materia de seguridad personal y social como en salud, trabajo, vivienda y educación.
El Colegio de Abogados de Panamá exigió hoy la suspensión de un programa gubernamental que facilita la estadía legal de inmigrantes, por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y viola leyes locales e internacionales.
El gremio pidió al Gobierno que asumirá el próximo 1 de julio el líder opositor y actual vicepresidente panameño, Juan Carlos Varela, "realizar una auditoría inmediata sobre el uso y destino de las sumas cobradas por el Gobierno actual" a los inmigrantes que han participado en el programa, y que llegan a superar los 1.000 dólares en promedio.
El gremio panameño de abogados se refiere al programa llamado "Crisol de Razas", que desde julio de 2010 realiza periódicamente el Gobierno del presidente saliente, Ricardo Martinelli, y ha legalizado a más de 50.000 inmigrantes indocumentados según los datos disponibles.
El mismo tiene como antecedente el "proceso de regularización migratoria extraordinaria" que inició el Gobierno de Omar Torrijos (2004-2009), y emitió documentos a un número no precisado de inmigrantes.
El Colegio de Abogados señaló que la legalización por entre 2 y 10 años de "miles de extranjeros" mediante un proceso que, según el gremio, no cumple con todos los requisitos de la ley local, "pone en riesgo la seguridad nacional" al permitir la filtración de individuos vinculados con delitos que van desde el tráfico de personas hasta el de drogas.
También se han instalado en el país centroamericano personas "que no cuentan con solvencia económica alguna, con el consecuente desplazamiento de la mano de obra panameña", indica una declaración del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, firmada por su presidenta, Irma Silka Araúz, y su vicepresidente, Luciano Yanes.
El Colegio asevera que "Crisol de Razas" deja en "condiciones de vulnerabilidad" al inmigrante, ya que permite un trato preferencial y expedito a los extranjeros que hacen el trámite sin un abogado, lo cual además "violenta" dos leyes de 1984 y 2008 que regulan el ejercicio de la profesión de abogado.
El programa panameño de legalización de inmigrantes además "viola el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional", según el Colegio de Abogados.
Ello, porque los beneficiados pueden quedar en riesgo de ser explotados sexual o laboralmente, o de ser víctimas de prácticas análogas como la esclavitud o la servidumbre.
"Datos estadísticos oficiales arrojan que un 70 % de los migrantes captados a través de las denominadas ferias migratorias o Crisol de Razas ha legalizado su estatus migratorio en el país sin que medie permiso de trabajo, lo cual lo coloca en situación de vulnerabilidad y/o explotación", argumenta el gremio.
El Colegio de Abogados insta en su declaración al Gobierno que asumirá Varela iniciar las consultas correspondientes para la elaboración de una política migratoria "integral" y con medidas que se ajusten a la realidad nacional tanto en materia de seguridad personal y social como en salud, trabajo, vivienda y educación.
