La acusación contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) de graves violaciones a los derechos humanos ha provocado este fin de semana reacciones a favor y en contra en el país centroamericano.
Luego que el pasado jueves la Corte Suprema de Justicia de Panamá decidió por mayoría separar a su colega José Ayú Prado como magistrado de garantías del proceso por un escándalo financiero en el que se sospecha hubo blanqueo de capitales con participación de Martinelli se conoció al día siguiente el avance en otro caso.
Ayú, nombrado por Martinelli, "adelantó criterio", según lo explicó el tribunal supremo, en el caso, por lo que optó separarlo.
El magistrado fiscal Harry Díaz acusó de violar la intimidad a Martinelli en la trama de "pinchazos" telefónicos contra al menos 150 personas (opositores, periodistas, sindicalistas, religiosos) y pidió una "circular azul" a la Policía Internacional (Interpol) recabar más información sobre la identificación de una persona o las actividades que se consideren delictivas dentro de un asunto penal, según
explica la policía internacional en su pagina web.
Martinelli se encuentra en Miami (EE.UU.), según sus defensores.
Díaz presentó ante la Corte Suprema de Justicia un escrito de acusación por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado, detalló el Órgano Judicial en una declaración oficial.
La designada miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exmagistrada panameña, Esmeralda de Troitiño, advirtió que los delitos de los que se acusa al exgobernante son "uno de los mas graves que hay en materia de derechos humanos", en declaraciones que publica hoy el diario local La Prensa.
En contraste, el partido Cambio Democrático (CD) fundado por Martinelli, alegó, una vez más, que el exgobernante es víctima de una "persecución política" y del "terrorismo judicial".
"La penosa actuación del magistrado Fiscal Harry Díaz contra el ex Presidente de la República, Presidente del partido y líder de la oposición, deja una vez más a Panamá, frente al concierto de naciones democráticas, como un país en donde se viola el debido proceso, las garantías constitucionales como la presunción de inocencia y los derechos humanos en general", según el CD.
Desde que el pasado 28 de enero Martinelli salió del país a "denunciar" la supuesta persecución del gobierno de Juan Carlos Varela, su exvicepresidente y actual gobernante, sus correligionarios han insistido en que es una víctima del "rencor" del actual mandatario.
El excanciller panameño y analista político Jorge Ritter dijo hoy en el Canal 2 de la televisión local que es "difícil" creer que Estados Unidos, donde se supone está actualmente Martinelli tramitando su residencia como multimillonario o asilado, eventualmente lo declare un "perseguido político" porque las acusaciones que se le hacen son por "delitos comunes".
El expresidente panameño Aristides Royo señaló en el mismo medio que es bastante complicado "que Italia no lo vaya a devolver" si se marcha a ese país, porque tiene pasaporte italiano, por la misma razón que los cargos que se le hacen son por delitos comunes y como consecuencia de su gestión "como presidente panameño".
Ahora está pendiente que Martinelli esté en el país para que el máximo tribunal lo convoque para notificarle de los cargos, como lo exige el sistema penal acusatorio, para que pueda continuar el proceso legal, mientras tanto se mantendrá paralizado.
El exfiscal general Rogelio Cruz, uno de los abogados de Martinelli, dijo este viernes a Acan-Efe que no ha sido notificado de esta decisión y que solo ha recibido información de que terminó la investigación por este caso.
Martinelli tiene otros cinco procesos por presunta corrupción abiertos en la Corte Suprema de Justicia, la única instancia que lo puede procesar por su condición de diputado ante el Parlamento Centroamericano.
Por su investidura como diputado, Martinelli es procesado en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que implica un procedimiento garantista y abreviado.
