- campos de pesé tiene 3 días para tomar medidas de mitigación y evitar causar más daños.
Luego de doce días de la crisis en Azuero, autoridades de Salud comunican a los residentes de las provincia de Los Santos y Herrera que ya es segura la utilización del agua para beber, cocinar y todo quehacer doméstico.
El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, sostuvo que esta determinación se da luego de que los resultados verificados por tres laboratorios arrojaran que la contaminación del río de La Villa con el tóxico atrazina (herbicida) está por debajo de los niveles establecidos en la norma de Panamá. "El agua se puede usar. Se puede beber sin ningún riesgo", aseveró.
Por otra parte, el ciudadano español Rafael González, presidente y representante legal de la empresa; Gustavo Melgara Palacios, gerente agrícola y oriundo de Nicaragua; y María Isabel Lao, ingeniera agrónoma herrerana encargada de las labores de fumigación, todos de la empresa Campos de Pesé, recibieron medida cautelar de impedimento de salida del país y deberán notificarse una vez al mes ante el Ministerio Público, como resultado de la audiencia de imputación de cargos que se les practicó por la contaminación del río La Villa.
La fiscal de la causa, Enereida Barrías, reveló que durante una toma de muestras realizada el pasado 24 de junio en el drenaje del lote 21 de la finca Las Cabras, propiedad de Campos de Pesé, se encontró un nivel de concentración de atrazina de 4,983 partes por billón (PPB), y de 2,131 (PPB) en el drenaje próximo a la quebrada Pesé, que desemboca en el río La Villa.
Estos niveles muy por encima de los permitidos por los organismos internacionales, sumados a la gran cantidad de vinaza que todavía se acumula en lotes pertenecientes a la empresa, son algunas de las pruebas presentadas para la obtención de la medida cautelar, que no fue objetada por los abogados defensores.
Los indiciados fueron acusados como autores de los delitos en contra del ambiente y el ordenamiento territorial, así como por delitos relacionados a la salud pública, los cuales podrían conllevar una pena de prisión de entre 4 y 10 años.
Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aclaró a la comunidad que a las zonas afectadas no se les va a facturar en el recibo del agua, el consumo de este líquido, desde que se conoció del problema hasta que terminó.
