Panamá/ACAN-EFE
Latinoamérica requieren políticas de Estado más fuertes y una mayor educación en derechos humanos para prevenir y erradicar la tortura, señalaron hoy expertos reunidos en Panamá en un foro regional sobre la materia.
En todos los países de la región la tortura y otras formas de malos tratos siguen siendo una realidad cotidiana en las cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y otros lugares de privación de libertad, alertó la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizadora del foro que se extenderá hasta el próximo jueves.
"Se requiere de una política nacional, un compromiso de todas las instancias, y una gran participación de la sociedad civil" para que se pueda prevenir la tortura o cualquier otro tipo de trato cruel, declaró a la exmagistrada de la Corte Penal Internacional, la costarricense Elizabeth Odio Benito.
Odio Benito dio el discurso inaugural en el foro regional sobre el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, que organiza la APT con el apoyo de los gobiernos de Panamá y Alemania.
La magistrada indicó que para que las sociedades latinoamericanas logren objetivos concretos en materia de erradicación de la tortura, es necesario que se les eduque desde la infancia en derechos humanos.
"Solo a través de la educación se tomará conciencia de que cada uno es responsable de defender los derechos humanos en su comunidad y en su país, porque aunque se esté privado de libertad, no se eliminan los derechos que tienes como persona", agregó.
Odio Benito, dos veces ministra de Justicia de su país, fue una de las autoras del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2002.
Catorce países latinoamericanos son partes del Protocolo: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá, Chile y Uruguay.
Odio Benito destacó que los mecanismos nacionales de prevención (MNP) son las herramientas fundamentales del Protocolo, y alertó que los mismos que deben actuar con objetividad e independencia, por lo que sus directrices deberían emanen de una organización que no esté vinculada de manera directa con ningún gobierno.
Pero en los países latinoamericanos es muy común que sean los gobiernos los que redactan las leyes para crear los MNP, alertó.
La directora de la oficina para América Latina de APT, Sylvia Días, afirmó en declaraciones a Acan-Efe que con el foro buscan que los países de la región estén conscientes de su compromiso en materia de lucha contra la tortura e inicien un trabajo conjunto en esa dirección.
"En Latinoamérica hay una gran disparidad entre los compromisos asumidos por los Estados y su puesta en práctica. En su gran mayoría no se hacen realidad", dijo Días.
Indicó que si bien hay países que ya establecieron sus MNP, los gobiernos no les han brindado los recursos necesarios para trabajar, cuando ello debería ser una "prioridad".
"Una de las cosas que hace falta es la voluntad política de los gobiernos y también un cambio de mentalidad de la sociedad latinoamericana", que hasta cierto punto legitima la "tortura" y los "tratos crueles", porque los entiende como una forma de controlar el crimen y la inseguridad pública.
En la jornada inaugural del foro estuvieron presentes Martine Brunschwig, presidenta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT); la representante regional para los derechos humanos de la ONU, Carmen Rosa Villa; el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, y el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Elías Castillo.
El foro desarrollará diversas conferencias durante sus dos primeros días, y en el tercero se trabajará exclusivamente con los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura.
Latinoamérica requieren políticas de Estado más fuertes y una mayor educación en derechos humanos para prevenir y erradicar la tortura, señalaron hoy expertos reunidos en Panamá en un foro regional sobre la materia.
En todos los países de la región la tortura y otras formas de malos tratos siguen siendo una realidad cotidiana en las cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y otros lugares de privación de libertad, alertó la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizadora del foro que se extenderá hasta el próximo jueves.
"Se requiere de una política nacional, un compromiso de todas las instancias, y una gran participación de la sociedad civil" para que se pueda prevenir la tortura o cualquier otro tipo de trato cruel, declaró a la exmagistrada de la Corte Penal Internacional, la costarricense Elizabeth Odio Benito.
Odio Benito dio el discurso inaugural en el foro regional sobre el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, que organiza la APT con el apoyo de los gobiernos de Panamá y Alemania.
La magistrada indicó que para que las sociedades latinoamericanas logren objetivos concretos en materia de erradicación de la tortura, es necesario que se les eduque desde la infancia en derechos humanos.
"Solo a través de la educación se tomará conciencia de que cada uno es responsable de defender los derechos humanos en su comunidad y en su país, porque aunque se esté privado de libertad, no se eliminan los derechos que tienes como persona", agregó.
Odio Benito, dos veces ministra de Justicia de su país, fue una de las autoras del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2002.
Catorce países latinoamericanos son partes del Protocolo: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá, Chile y Uruguay.
Odio Benito destacó que los mecanismos nacionales de prevención (MNP) son las herramientas fundamentales del Protocolo, y alertó que los mismos que deben actuar con objetividad e independencia, por lo que sus directrices deberían emanen de una organización que no esté vinculada de manera directa con ningún gobierno.
Pero en los países latinoamericanos es muy común que sean los gobiernos los que redactan las leyes para crear los MNP, alertó.
La directora de la oficina para América Latina de APT, Sylvia Días, afirmó en declaraciones a Acan-Efe que con el foro buscan que los países de la región estén conscientes de su compromiso en materia de lucha contra la tortura e inicien un trabajo conjunto en esa dirección.
"En Latinoamérica hay una gran disparidad entre los compromisos asumidos por los Estados y su puesta en práctica. En su gran mayoría no se hacen realidad", dijo Días.
Indicó que si bien hay países que ya establecieron sus MNP, los gobiernos no les han brindado los recursos necesarios para trabajar, cuando ello debería ser una "prioridad".
"Una de las cosas que hace falta es la voluntad política de los gobiernos y también un cambio de mentalidad de la sociedad latinoamericana", que hasta cierto punto legitima la "tortura" y los "tratos crueles", porque los entiende como una forma de controlar el crimen y la inseguridad pública.
En la jornada inaugural del foro estuvieron presentes Martine Brunschwig, presidenta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT); la representante regional para los derechos humanos de la ONU, Carmen Rosa Villa; el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, y el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Elías Castillo.
El foro desarrollará diversas conferencias durante sus dos primeros días, y en el tercero se trabajará exclusivamente con los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura.
