La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó hoy 5 de marzo, en primer debate el Proyecto de ley No. 133, que establece la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores en Panamá y dicta otras disposiciones.
Crispiano Adames, diputado y presidente de la comisión, indicó que luego de ocho reuniones de coordinación, se logró establecer un criterio único con las normas para que el adulto mayor tenga la protección necesaria en sus derechos.
La exposición de motivos destaca que los adultos mayores son un grupo de gran importancia en Panamá y demográficamente es un grupo que va en crecimiento y es un deber ciudadano orientar políticas públicas con su correspondiente financiamiento para garantizar la mejor calidad de vida a los miembros de la tercera edad.
La presente ley en el artículo 1 tiene por objeto dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes de las personas adultas mayores, para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo y reconociendo el respeto de su dignidad.
Emérita González, representante de la Arquidiócesis de Panamá, calificó de positivo que se hayan consensuado tres proyectos con diferentes proponentes, pero con la finalidad de beneficiar a los adultos mayores en Panamá.
Por su parte, el diputado Panameñista José Luís Castillo expresó que este proyecto otorgará a los adultos mayores los marcos legales. Señalo que hay que amparar a esa población panameña que por toda su vida han dado sus trabajos, experiencias y conocimientos para que no se sientan una carga ante la sociedad.
En sus principios y derechos, el artículo 6 revela que las personas adultas mayores gozarán de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Política, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República de Panamá y demás leyes vigentes.
Además los derechos y garantías consagrados en la presente ley se considerarán mínimos y, en consecuencia, no afectarán a las disposiciones legales ya existentes que sean más conducentes a la protección integral de las personas adultas mayores.
Cabe destacar que los proponentes de esta iniciativa son los diputados Ana Matilde Gómez, Javier Ortega, Crispiano Adames e Iván Picota.
